La Defensoría del Pueblo registró en el primer cuatrimestre de este 2023 un total de 437 eventos de conflictividad social en el país, un incremento del 41% de este tipo de manifestaciones en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, cuando registró 311 eventos.
La totalidad de los conflictos ocurrieron en 176 municipios de 29 departamentos. Se destaca Bogotá con el 17% de los casos, Antioquia (8%), Santander (8%), Bolívar (8%) y La Guajira (6%); les siguieron Córdoba, Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima, cada uno con el 4%.
“El Gobierno Nacional debe trabajar en la prevención temprana para evitar que los ánimos de las comunidades, cuando sienten que no son escuchadas y atendidas por el aparato estatal, se exacerben. Se debe evitar a toda costa que sus reclamos pasen a un grado de mayor conflictividad e incuso de violencia”, fue el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, en el marco de la presentación del quinto boletín del Observatorio de DDHH de la Defensoría del Pueblo.
“Resulta fundamental que las autoridades gubernamentales, en todos los niveles, escuchen los clamores de las comunidades para que puedan adelantar un diálogo franco que permita plantear respuestas efectivas. Allí lo más importante es que haya un seguimiento riguroso a los acuerdos para evitar que las comunidades se sientan engañadas”, enfatizó el Carlos Camargo Assis.
De acuerdo con la información consolidada por la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, el inconformismo social estuvo relacionado con la garantía del derecho a la educación, el respeto por los derechos laborales, la implementación de medidas o políticas de transporte, las demandas de inversión o presencia estatal, los conflictos ambientales, el derecho a la salud, acceso a la tierra y el territorio, medidas de erradicación o sustitución de cultivos ilícitos, la garantía de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, entre otros.
“Las dinámicas de la conflictividad social deben ser atendidas abriendo espacios de diálogo a la mayor brevedad, sin posponer los llamados a los que apelan los ciudadanos a la hora de manifestarse, independientemente de la región en la que se encuentren. Cuando sienten que sus derechos son vulnerados, las autoridades gubernamentales deben propender por reivindicárselos”, llamó la atención el Defensor del Pueblo.
Los ciudadanos expresaron su insatisfacción o inconformidad por acciones u omisiones de las entidades del Estado o de particulares a través de bloqueos (41%), plantones o concentraciones (32%), marchas o movilizaciones (11%), ocupación o toma de instalaciones (4%), paros cívicos o cese de actividades (4%), principalmente. En el 9% de los eventos hubo disturbios o medidas con riesgo para la integridad de quienes manifestaban.
Labor de mediación y garantía del derecho a la protesta pacífica
Los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo facilitaron 54 espacios de diálogo en 16 departamentos: Nariño, Santander, Córdoba, Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Risaralda, Atlántico, Meta, Caldas, La Guajira y Guainía, en los que se lograron consensos y acuerdos que permitieron, además de atender las peticiones de las comunidades, levantar las manifestaciones que se venían adelantando por diferentes actores sociales.
“A través de nuestras Defensorías Regionales y de la Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social continuamos contribuyendo como mediadores o acompañantes. Somos garantes de los escenarios de diálogo entre los distintos actores que estén en conflicto porque buscamos que, por medio de la interlocución y concertación entre las partes, se aborden las problemáticas y las alternativas de solución que propendan por la satisfacción de los derechos humanos y la transformación real y eficaz de la conflictividad en beneficio de los colombianos”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
