La ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, programada para este 7 de agosto en Cali, estará marcada por una ausencia que no ha pasado desapercibida: el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, no fue invitado al acto protocolario.
Se trata de un hecho sin precedentes desde la creación de la JEP en 2018. En las posesiones de los expresidentes Iván Duque y Gustavo Petro, los entonces presidentes de ese tribunal transicional fueron convocados junto con los presidentes de las altas cortes, manteniendo el protocolo institucional.
La exclusión de Ramelli se produce en medio de las diferencias que el presidente electo ha expresado frente a la justicia transicional. Durante su campaña, De La Espriella anunció que impulsará el desmonte de la JEP y aseguró que, una vez asuma el poder, promoverá los mecanismos jurídicos para avanzar en ese objetivo.
La lista de ausentes también incluye a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper. En el caso de Santos, el equipo de protocolo del mandatario electo decidió no extenderle invitación debido a las diferencias sobre el Acuerdo de Paz. Samper, por su parte, confirmó públicamente que fue vetado por el propio De La Espriella.
A estas ausencias se suma la de la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia, quien aseguró que tampoco recibió invitación para asistir a la ceremonia.
Pese a la postura del nuevo Gobierno, expertos en derecho constitucional han advertido que la eventual eliminación de la JEP no depende de una decisión presidencial. La jurisdicción fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, hace parte de la Constitución y cuenta con compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano. En consecuencia, cualquier modificación o eventual desmonte requeriría una reforma constitucional que posteriormente tendría que superar el control de la Corte Constitucional.
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La ausencia del presidente de la JEP en la ceremonia de investidura es interpretada por distintos sectores como una de las primeras señales del tono que marcará la relación entre el nuevo Gobierno y la justicia transicional durante el próximo cuatrienio.
