El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha autorizado redadas migratorias en lugares considerados previamente “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales, en una medida que marca un endurecimiento significativo de las políticas migratorias del país.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha suspendido una normativa que limitaba las detenciones de migrantes en “locaciones sensibles”. Ahora, los agentes migratorios tienen la potestad de realizar arrestos en estos lugares, lo que podría afectar a miles de personas indocumentadas que antes encontraban refugio en espacios que se consideraban seguros.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha retomado y ampliado medidas de deportación masiva. Durante su primer día en la presidencia, declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México, autorizando el uso de las fuerzas militares para “asegurar” la frontera y combatir la migración irregular y el tráfico de drogas.
En su primer discurso tras asumir el cargo, Trump afirmó:
“No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer”.
El mandatario firmó órdenes ejecutivas que incluyen:
- La deportación inmediata de migrantes que ingresen irregularmente al país.
- La restauración del programa “Permanece en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras sus casos son procesados.
Trump también eliminó programas implementados por su predecesor, Joe Biden, destinados a gestionar de manera ordenada la migración:
- CBP One: Una aplicación que permitía a migrantes en México solicitar citas para presentarse en la frontera sur. Desde su creación en 2023, procesó más de 930.000 casos.
- Parole humanitario: Permitía a ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela viajar a EE.UU. de manera segura. Más de 531.000 migrantes se beneficiaron de este programa.
La decisión de autorizar redadas en escuelas e iglesias ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que consideran que estas medidas aumentarán la vulnerabilidad de las comunidades migrantes. También se anticipa que las nuevas políticas migratorias incrementen las tensiones diplomáticas con países de América Latina.
Este endurecimiento refuerza el compromiso del presidente Trump con las promesas de campaña de militarizar la frontera y llevar a cabo el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre las implicaciones humanitarias y legales de estas acciones.
