Por Eduardo Verano De La Rosa
Colombia se encuentra en una encrucijada histórica donde la autonomía territorial, esa bandera que hemos defendido con pensamiento crítico y visión de futuro, está enfrentando serias dificultades.
El Decreto Legislativo 1474 de 2025 no es solo un ajuste de cifras; es un golpe al corazón de la descentralización de los territorios que pone en jaque la estabilidad social de nuestros departamentos.
Esta no es una preocupación aislada del Atlántico. Como pensador de lo público y en diálogo constante con mis homólogos, concluimos que existe una alarma nacional: todos los gobernadores de Colombia compartimos la misma angustia. Vemos con asombro cómo una medida tan centralista pretende erosionar las rentas que, por ley y derecho, pertenecen a los territorios para financiar la vida de la gente.
Desde nuestra Gobernación, hemos analizado con rigor técnico las implicaciones de esta norma. El Gobierno nacional pretende elevar el IVA de licores del 5 % al 19 % y disparar el Componente Específico del cigarrillo a $11.200 por cajetilla de 20 unidades, pero lo más grave es que los excedentes se trasladan al Presupuesto General de la Nación lo que asfixia nuestra capacidad de maniobra.
Como estudiosos del desarrollo, debemos entender que los impuestos al consumo son el combustible de la inversión social. Hoy, el 7 % de lo que recaudamos por licores se destina a la salud. De este rubro, el 50 % garantiza el aseguramiento del régimen subsidiado (Sisbén), el 25 % atiende a la población vulnerable y migrantes y el 25 % restante es para el funcionamiento de la Secretaría de Salud departamental.
¿Qué pasará con el ciudadano de a pie que llega a nuestros hospitales si nuestras rentas se desvanecen?
Esta medida genera un “efecto tijera” perverso: mientras el departamento asume el costo operativo de combatir el contrabando, la Nación se queda con el beneficio del mayor recaudo.
Es un contrasentido técnico que eleva el riesgo de adulteración y castiga al ciudadano honesto. Al encarecer el producto legal de manera drástica, estamos pavimentando el camino para las mafias del contrabando, especialmente en una región portuaria y fronteriza como la nuestra
El impacto toca también la educación (13 %) y el deporte (3%), pilares de nuestra transformación social. Nos preocupa que tendremos menos recursos para que nuestros estudiantes tengan espacios dignos, tenemos que pagar, por ejemplo, aseadores y vigilantes en nuestras instituciones educativas. Todo esto se pone en riesgo por la metida de mano del centralismo en los bolsillos de los departamentos.
En esa misma línea, el tijerazo iría directo a los ingresos corrientes de libre destinación de los departamentos, que en este momento representan el 46 % del impuesto a los licores lo que en términos concretos es menos vías, menos obras, menos inversión en lo que genera desarrollo para las familias.
Hago un llamado a la reflexión nacional en nombre de todas las regiones. No podemos permitir que la emergencia económica sea la excusa para despojar a los departamentos de sus herramientas para avanzar. Defender nuestras rentas es defender el derecho del sisbenizado a tener médico, del joven a tener una cancha y del niño a tener una escuela digna.
En este sentido en el Atlántico estamos trabajando fuertemente con nuestros recursos. ¡La autonomía es bienestar y no daremos un paso atrás en su defensa!
