Ante los recientes hechos sucedidos en Barranquilla, los cuales dejaron al descubierto graves denuncias en contra del hoy ex contralor, Jesús Acevedo, nuevamente quedó abierto el debate sobre si en realidad se justifica la existencia de las contralorías territoriales. Vieja y hasta ahora interminable discusión.
Y es que a pesar que en Colombia funciona la Contraloría General de la República, que además del nivel central, tiene a lo largo del país gerencias departamentales, también hay 64 contralorías entre departamentales, distritales y municipales, entidades que nos cuestan cerca de 300 mil millones de pesos cada año.
Y si bien es cierto, que misionalmente estas entidades deberían ser garantes para que los procesos en administración pública sean transparentes y eficientes, en la practica está claro que hoy las contralorías territoriales son despachos costosos, inoperantes, ineficientes, con pobres resultados en materia de procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y recuperación de los recursos que se roban en los territorios.
Y es que las cifras no mienten. Según el resultado del estudio Marco Jurídico para el Rediseño Institucional de Control Fiscal y la Responsabilidad Fiscal en Colombia, por cada mil pesos que se invierten en el funcionamiento de las contralorías territoriales, solamente se recuperan doce.
Dicho de otra forma, las contralorías cuestan 300 mil millones al año y solo alcanzan a recuperar 1.500 millones. Los pobres resultados, escándalos de corrupción, frondosa burocracia, falta de control, politiquería y clientelismo, tienen hoy convertidas a las contralorías en un costoso saludo a la bandera, en un país donde millones de personas a duras penas pueden comer una vez al día.
Muchas iniciativas que desde el Congreso han propuesto la eliminación de las contralorías regionales, han naufragado en el tormento mar de los mezquinos intereses. Un senador consultado por el #RunRunPolítico reveló que nunca habrá ambiente en el legislativo para avanzar en estas discusiones, cuando precisamente son muchos de esos mismos senadores y representantes los que se despachan a sus anchas poniendo contralores o siendo “atendidos” desde esas dependencias a través de ordenes de prestación de servicio para favorecer a miembros de sus grupos políticos.
El panorama de hoy no puede ser peor: 64 contralorías para vigilar solo el 25 por ciento de los recursos públicos del país, con una ineficiencia tan alta, que el 45 por ciento de sus fallos terminan siendo anulados por irregularidades o errores en los procedimientos. Es decir, gastan como si fueran la firma de auditoria mas eficiente del mundo, pero sus resultados son tan raquíticos como si nadie estuviera vigilando los recursos del Estado.
Por otro lado, el fenómeno que hizo carrera en nuestra dinámica política, es que una vez elegido un alcalde, siempre busca que el cargo de contralor sea asumido por alguien que sea tan cercano a sus intereses, que termine garantizándole cuatro años de tranquilidad y unas buenas gafas de cuero para no vigilar los procesos administrativos y sobretodo la contratación.
Por eso, no es raro ver lo que ocurrió la semana pasada en Soledad, donde a través de argucias jurídicas tumbaron los procesos de convocatoria publica para la elección de contralor municipal, de tal suerte, que pudieran “darle manejo” al asunto y garantizar que el elegido terminara siendo un agradecido militante político del sector que orienta el senador Eduardo Pulgar, quien es el “manda a callar” de la administración del municipio.
Fuentes consultadas por el #RunRunPolítico nos confirmaron que elegirse contralor en Soledad, por ejemplo, es garantizar una especie de premio mayor de la extinta Nueve Millonaria. “Se convierten en unos personajes, de la noche a la mañana compran casas, fincas, camionetas, ganado, apartamentos, pero no abren ni un solo proceso, ni mucho menos recuperan un solo peso. Le va muy mal al municipio, pero muy bien a ellos”.
Y es que este modelo de control a nivel territorial requiere una profunda y cuidadosa cirugía, pues el tibio intento de reforma para que los periodos de los contralores no coincidan con el de los alcaldes, es solo un pañito de agua tibia que no pasa de ser un cambio cosmético y no estructural. “Ahora es un negocio la doble la elección de los contralores por periodo”, nos comentó un curtido exconcejal de Barranquilla, conocedor de la milimetría política y de las dinámicas administrativas.
Con todo este panorama, queda claro que hoy Acevedo está en el ojo del huracán y su renuncia es un procedimiento que alivia los síntomas, pero no cura la enfermedad. Nada pasará mientras no existan reformas estructurales, los nombres seguirán siendo simples accidentes.
Los leo en [email protected] y en Twitter @jpserna.
