Por: Juan Carlos Roa De Ávila
Resido en la ciudad de Barranquilla y con mucha preocupación veo cómo desde hace algunos meses el asesinato de mujeres se ha convertido en una verdadera problemática no solo de la ciudad, sino de todo el departamento del Atlántico.
Desde hace algún tiempo he identificado que los feminicidios en esta zona del país han tenido un aumento considerable. En promedio, por los medios de comunicación nos enteramos cada semana de un hecho de muerte contra una mujer en algún municipio.
En el 2015 se promulgó en Colombia la Ley 1761, “por la cual se creó el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictaron otras disposiciones”. A esta norma se le bautizó como ley ‘Rosa Elvira Cely’.
Esta ley contempla el feminicidio como la muerte de una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género.
En este sentido, en el Atlántico son Soledad, Malambo y Sabanalarga, los municipios donde más se concentra la violencia que configura este delito. Por lo general, las féminas son víctimas de sus propias parejas, y se ha logrado establecer que son asesinadas luego de ser agredidas permanentemente o amenazadas de muerte con anterioridad.
En el Atlántico, según la información entregada por Medicina Legal a la Red de Mujeres, en lo que va del 2022 han sido asesinadas 40 mujeres y, según la identificación realizada por la fundación, de estos homicidios, 13 han sido feminicidios. Esto resulta verdaderamente alarmante para los colectivos, ya que en 2021 se registraron 45 homicidios, y este año, solo hasta septiembre, la cifra ya se acerca a la del anterior.
A la fecha, los números demuestran que los municipios del departamento del Atlántico que presentan mayor cantidad de expresiones o manifestaciones de violencia son Barranquilla (61,4%), Soledad (18,5%), Malambo (6%), Sabanalarga (2,4%), Galapa (2%), Baranoa (2,9%).
Pero, ante esta problemática ¿qué están haciendo las autoridades? Si bien se han lanzado campañas de sensibilización por redes sociales como “#SiPasaDilo”, estas no han tenido el impacto significativo esperado.
Entre las iniciativas que se han impulsado desde 2020, se destaca la ‘Casa de la Mujer’, un espacio que funciona como refugio para aquellas que se encuentren en alto riesgo, donde se brindan servicios especializados para garantizar una atención integral con enfoque de género.
También se han adoptado mecanismos que permitan entablar el diálogo con los hombres, mediante el acompañamiento psicológico, así como la intervención de escuelas y diferentes espacios educativos con el propósito de generar conciencia social en los hogares.
Sin embargo, las cifras antes mencionadas deberían despertar la seria preocupación de las autoridades, puesto que el asesinato de mujeres ha ido en aumento: 2016 (54), 2017 (47), 2018 (35), 2019 (46), 2021 (20) y 2022 (40, hasta septiembre) en los últimos seis años, estadísticas que convierten al Atlántico como el cuarto departamento del país con más feminicidios por densidad de población, siendo el 2020, año de la pandemia, el periodo con más feminicidios con 14.
De estos casos, el más mediático a nivel nacional fue el de Brenda Pájaro Bruno, cuyo caso, después de dos años, ni siquiera ha sido esclarecido. Quien es señalado como su presunto asesino, Tomás Maldonado Cera, se encuentra en libertad tras dilaciones y lentitud de las audiencias.
Si bien ante la problemática la Policía creó la estrategia ‘Mujer, Familia y Género’ (EMFAG), la cual se encarga de realizar actividades de prevención y activar la ruta de atención cuando se presentan casos de violencia contra la mujer, esta no ha resultado eficiente para disminuir los indicadores.
Por medio de estudios se ha logrado demostrar la autonomía económica es central para prevenir y erradicar la violencia y los feminicidios. Cuando la mujer es independiente y tiene recursos en su bolsillo, es más fácil salir de los círculos de violencia, pues algunas se resignan a sufrir maltratos físicos y psicológicos por sus parejas –muchas veces– por temor a no ser autosuficientes en la manutención de sus hijos.
Campañas educativas, sanciones ejemplarizantes, así como mayor acompañamiento estatal, deberían articularse para hacer de este fenómeno una problemática menos de inseguridad en el Atlántico, ya de por sí desbordada por las riñas, los hurtos y la extorsión al transporte público cada fin de semana.
La ciudad ha avanzado en cemento e infraestructura, pero no en conciencia social.
