Por Eduardo Verano de la Rosa
Estamos viviendo uno de esos momentos que, aunque no siempre ocupan grandes titulares nacionales, tienen la capacidad para transformar el rumbo institucional del país durante las próximas décadas.
Lo ocurrido recientemente en Montería no fue una reunión más de gobernadores y diputados; fue la ratificación de una convicción colectiva: las regiones están listas para asumir mayores responsabilidades y tener un papel más decisivo en la construcción de su desarrollo integral.
La creación de las Regiones como Entidades Territoriales (RET) representa, quizás, el avance más significativo en materia de autonomía desde la promulgación de la Constitución de 1991 y que hoy comienza a recorrer su etapa definitiva.
En Montería, durante la Cumbre Nacional de Mesas Directivas de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol), 86 diputados provenientes de 29 departamentos del país, junto con gobernadores de distintas regiones, enviaron un mensaje contundente: Colombia necesita avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, donde los territorios tengan mayores capacidades para decidir sobre su presente.
Este respaldo nacional tiene un profundo significado político. La autonomía regional dejó de ser una aspiración exclusiva del Caribe colombiano para convertirse en una causa compartida por departamentos de todas las latitudes.
Hemos construido un modelo en el que cerca del 85 % de los recursos públicos son administrados desde el nivel central, mientras las regiones, que generan buena parte de esa riqueza, solo comparten el 15 % restante lo que pone freno a la atención de sus ciudadanos.
No se trata de debilitar la Nación ni mucho menos de separatismo. Por el contrario, se trata de fortalecerla mediante territorios con mayores competencias y herramientas para impulsar su desarrollo autónomo.
El proceso que hoy avanza hacia la creación de las RET no ha sido improvisado. Ha seguido rigurosamente cada una de las etapas establecidas por la Constitución y la ley.
Primero, las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) cumplieron el requisito de funcionamiento de cinco años. Luego vino el respaldo político de los gobernadores. Posteriormente, las asambleas departamentales aprobaron mediante ordenanzas la voluntad de avanzar hacia esta nueva figura institucional. Más adelante, se obtuvo el concepto favorable de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
Ahora estamos ante uno de los momentos clave del proceso: la presentación ante el Congreso de la República del proyecto de ley que establecerá la estructura, competencias y mecanismos de funcionamiento de las RET.
Este paso constituye el quinto hito del camino autonómico y será determinante para que los colombianos puedan pronunciarse posteriormente mediante el Gran Referendo de las Regiones, previsto para octubre de 2027.
Las regiones están solicitando herramientas para asumir con mayor eficacia las responsabilidades que ya ejercen. Piden que la autonomía consagrada en la Constitución deje de ser una promesa pendiente y se convierta en una realidad tangible para millones de colombianos.
Después de años de trabajo técnico, construcción de consensos y cumplimiento de cada requisito legal, ha llegado la hora de las regiones.
La historia demuestra que los países más sólidos son aquellos que confían en sus regiones. No dejemos pasar esta oportunidad, tenemos todo para lograrlo.
