El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presentó dos acciones judiciales con las que busca controvertir recientes decisiones del Gobierno de Gustavo Petro en medio del debate fiscal de cara a 2026. Las actuaciones fueron radicadas junto con el abogado Germán Calderón España ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
En primer lugar, De la Espriella interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto mediante el cual el Ejecutivo declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica. Según los demandantes, se trata de un decreto legislativo anunciado el pasado 19 de diciembre de 2025 que, al momento de la radicación de la acción, no contaría con número oficial ni habría sido publicado en el Diario Oficial.
Además de solicitar que el alto tribunal declare la inexequibilidad del decreto, los accionantes pidieron la suspensión provisional de sus efectos mientras se surte el estudio de fondo por parte de la Corte Constitucional.
El principal argumento de la demanda señala que la declaratoria no cumpliría con los requisitos materiales exigidos por la Constitución para los estados de excepción, en particular el de responder a hechos sobrevinientes, extraordinarios e imprevisibles. En ese sentido, sostienen que la causa real de la medida sería el desfinanciamiento derivado de la no aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso, situación que, afirman, puede resolverse por las vías ordinarias, como la presentación de un nuevo proyecto a partir del próximo periodo legislativo, que inicia el 20 de marzo de 2026.
De manera paralela, De la Espriella y Calderón España instauraron una acción popular ante el Consejo de Estado para proteger los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa. Esta acción está relacionada con la venta directa de títulos de deuda pública (TES) por un monto de 23 billones de pesos a un inversionista extranjero.
Según el escrito, la operación se habría realizado sin subasta pública y con falta de publicidad, lo que, a juicio de los demandantes, afecta la transparencia, limita la competencia y expone al Estado a riesgos financieros. Por ello, solicitaron como medida cautelar la suspensión inmediata de la operación y, en el fondo, que se ordene su terminación.
En esta acción fueron señalados como demandados la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda. Ambas decisiones judiciales quedan ahora en manos de los altos tribunales, que deberán determinar si las actuaciones del Gobierno se ajustan o no al ordenamiento constitucional y legal.
