La brisa del Capitolio sopla con fuerza este lunes, y no es precisamente por el clima. El Congreso colombiano se prepara para un debate de alto voltaje que promete sacudir las relaciones exteriores del país y poner contra las cuerdas a tres ministros del gabinete Petro.
Los senadores Alfredo Deluque, del Partido de la U, y Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, decidieron encender los reflectores sobre un acuerdo que, según ellos, fue firmado “en lo oscuro”: el memorando de entendimiento con el régimen de Nicolás Maduro para crear una “zona binacional” en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Los citados a rendir cuentas son pesos pesados: Diana Carolina Morales, ministra de Comercio; Pedro Sánchez, ministro de Defensa; y Rosa Villavicencio, canciller encargada. El escenario será la Comisión Primera del Senado, pero el verdadero escenario es la opinión pública.
Deluque y Chacón no se anduvieron con rodeos: acusan al Gobierno de firmar un documento de enorme trascendencia sin consultar al Congreso ni a las autoridades regionales, y de abrirle la puerta a un régimen señalado de ilegítimo por gran parte del mundo.
“La Guajira no fue consultada, el Cesar no fue advertido, y Norte de Santander sigue esperando explicaciones”, dicen con tono enérgico, mientras en los pasillos del Congreso la palabra “soberanía” resuena como campana en misa.
La oposición aplaude la citación, pero incluso desde sectores afines al Gobierno empiezan a surgir preguntas incómodas. ¿Qué se firmó exactamente? ¿A qué se compromete Colombia? ¿Qué garantías hay para que esta zona binacional no termine siendo un coladero para el contrabando, el crimen organizado o la pérdida de control territorial?
El Gobierno, por su parte, ha guardado un silencio táctico, aunque se espera que los ministros lleguen al debate con documentos en mano y discursos afilados.
Este debate puede convertirse en el primer gran remezón político del segundo semestre legislativo. La zona binacional está lejos de ser un simple acuerdo fronterizo: es un campo minado de implicaciones políticas, económicas y diplomáticas que podría redefinir la relación entre el Congreso y el presidente Gustavo Petro.
Por ahora, el Senado se alista. El Gobierno se defiende. Y Colombia observa, con la frontera —y la institucionalidad— en juego.
