La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa, en averiguación de responsables de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por posibles irregularidades en el contrato para la modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena de Indias, suscrito por un valor superior a un billón de pesos.
Al parecer, el bilateral fue celebrado por un Valor Presente del Ingreso Esperado (VPIE) que no coincide con el valor ofertado durante el proceso de selección, lo que implicó una diferencia de $114.437.451.818 equivalente al 9,57 % de VPIE del contrato.
A juicio del Ministerio Público esta situación “derivaría en la alteración de la ecuación económica del contrato y ello podría generar un perjuicio a la ANI, ya que se ampliaría indebidamente el valor de los ingresos proyectados del concesionario”.
Adicionalmente, posterior a su suscripción, al parecer, se habrían evidenciado diferencias y errores en la minuta contractual relacionados con indicadores técnicos, pólizas, fórmulas financieras y requisitos contables, frente a los cuales el concesionario habría presentado solicitudes de modificación.
