El exviceministro de Justicia y exprecandidato presidencial Rafael Nieto Loaiza encendió las alarmas este fin de semana al asegurar que la Corte Suprema de Justicia ya habría ordenado la captura de los expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara), por haber recibido irregularmente recursos públicos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el objetivo de facilitar el trámite de las reformas del Gobierno Petro.
Nieto fue enfático al señalar al presidente como el verdadero beneficiario del entramado. “El interesado, que saqueó a la UNGRD y sobornó a los congresistas, fue su gobierno”, afirmó. Para el abogado, esta es una muestra más de la utilización de recursos estatales para manipular el Congreso, y exige que se actúe sin dilaciones contra los altos funcionarios que habrían orquestado la operación desde las entrañas del Ejecutivo.
En su pronunciamiento, el dirigente uribista cuestionó con severidad la pasividad de los órganos de control. “¿Qué espera la Comisión de Acusación para investigar a Petro?”, preguntó, al tiempo que arremetió contra la fiscal Luz Adriana Camargo, a quien acusa de inacción deliberada. “¿Por qué la fiscal de Petro no hace nada en relación con los ministros y altos funcionarios involucrados?”, añadió.
La denuncia pública se suma a la presión creciente que distintos sectores vienen ejerciendo para que se judicialicen todos los responsables del escándalo que hoy tiene tras las rejas a Sneyder Pinilla, Olmedo López, y a funcionarios de línea como Sandra Ortiz y Luis Carlos Name. Nieto también sugirió que tanto la fiscal como los integrantes de la Comisión podrían estar incurriendo en prevaricato por omisión.
Con un Congreso desacreditado, una Fiscalía bajo la lupa y un gobierno acorralado por el escándalo de corrupción más grave de su mandato, crecen las voces que piden que el presidente dé explicaciones y que los órganos de control cumplan con su deber constitucional.
