El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) defendió este jueves lo que hizo su administración para evitar los llamados ‘falsos positivos’, como se conoce en el país a las ejecuciones extrajudiciales, y aseguró que privilegió la desmovilización y las capturas sobre las bajas.
Así lo aseguró en un comunicado en el que fija su posición luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 las víctimas de los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate, entre 2002 y 2008.
“Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas, y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros desmovilizados”, señaló Uribe.
En el documento, titulado “Nuevo atropello de la JEP por falsos positivos”, Uribe afirmó que en su administración fueron capturados 36.363 criminales y “las bajas” totalizaron 13.992.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al exmandatario “respetar la independencia judicial de la JEP y la labor de las organizaciones de DD.HH.”.
“Durante su gobierno, los falsos positivos ocurrieron de forma generalizada y sistemática. Las evidencias son incontrovertibles”, expresó.
Ejecuciones extrajudiciales
Los ‘falsos positivos’, el Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.
La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que han sido condenados sólo algunos soldados o suboficiales.
La JEP reconoce que la cifra anunciada hoy es diferente de los datos de instituciones como la Fiscalía y señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas”, periodo que coincide con la presidencia de Uribe.
Según el alto tribunal, sólo entre esos años se registró el 78 % del total de la victimización histórica, crímenes que se redujeron “drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.
Las medidas de Uribe
El expresidente recordó que entre las acciones para lograr más transparencia en las Fuerzas Armadas en 2008 fueron llamados a calificar servicio tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales implicadas en una serie de desapariciones de civiles que fueron asesinados y declarados “muertos en combate”.
Igualmente, dijo que en 2003, cuando ONG contrarias a sus ideas acusaban a las Fuerzas Armadas de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales, ordenó que los fallecidos en enfrentamientos no fueran movidos hasta que se hiciera presente el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Puntualizó que: “próximo a terminar el Gobierno recibí la visita del representante de Naciones Unidas, quien me dijo traerme la ‘buena noticia’ de que en los últimos dos años solamente había 4 casos sospechosos de violación de Derechos Humanos. ‘No debería haber uno solo’, le repliqué”.
La JEP explicó hoy que abrió el Caso 3 después de recibir informes de varias fuentes entre ellas la Fiscalía que había determinado que esos asesinatos aumentaron sustancialmente a partir del 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008.
El alto tribunal aseguró que las víctimas fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle e incluso en condición de discapacidad.
EFE
