Se trata de 22 bienes ubicados en la región de Urabá, los cuales fueron considerados por alias Otoniel como una de las principales fuentes de recursos para sostener las distintas estructuras armadas de la organización criminal.
Los activos, avaluados preliminarmente en más de 100.500 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
Durante la labor investigativa y operativa que permitió la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, se conocieron varias comunicaciones y otras evidencias en las que el señalado máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’ hacía constante referencia a un ‘Fondo de Guerra’ y explicaba que era prioritaria su sostenibilidad para mantener el flujo de dinero ilícito.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un grupo de fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, topógrafos y expertos en distintas disciplinas; y en articulación con unidades de policía judicial y comandos especiales de la Policía Nacional, se trasladó a la zona de injerencia ilegal de la organización criminal y estableció que lo mencionado por el hoy extraditado jefe del ‘Clan del Golfo’ correspondía a un conjunto de bienes obtenidos con recursos producto del narcotráfico y distintos actos delictivos.
En las verificaciones se constató que las propiedades pertenecerían a los cabecillas conocidos como ‘Otoniel’, ‘Chiquito Malo’, ‘Tatareto’, ‘El Indio’, ‘Nicolás’, ‘Kiriki’, ‘Atilio’, ‘Marihuano’, ‘Pueblo’ y ‘Julio Quemao’. Actualmente estaban a nombre de presuntos testaferros que los explotaban y sacaban provecho para la ganadería y el cultivo de madera tipo teca, entre otras actividades destinadas a blanquear millonarios capitales.
Ante los elementos de prueba obtenidos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 2.754 hectáreas, representadas en 22 predios que preliminarmente superan en valor los 100.500 millones de pesos.
Estos activos fueron ocupados en diligencias realizadas de manera simultánea en Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Necoclí y San Pedro de Urabá (Antioquia); y Acandí (Chocó).
En el curso de la investigación se estableció que los predios afectados tenían una ubicación geográfica que facilitaba la salida de cargamentos de cocaína, el tráfico de migrantes y el acopio de dinero, armas y material de intendencia para las subestructuras Carlos Vásquez, Juan de Dios Úsuga y Efrén Vargas Gutiérrez que hacen parte del Bloque Central de Urabá.
Asimismo, se conoció que en algunas de estas propiedades se cumplieron reuniones para planear acciones criminales, y otras sirvieron de centro de descanso para los máximos cabecillas que buscaban evadir el actuar de la fuerza pública o como área de entrenamiento para los nuevos integrantes del grupo armado ilegal.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la entidad encargada de administrar los predios.
