La situación se da tras dos días de la firma del decreto que faculta al al presidente para asumir las funciones de la Creg y la CRA, ante lo cual muchos expertos comisionados de la Creg decidieron enviar una misiva de 26 páginas a la ministra.
El día anterior los ministros de Hacienda, Minas y Energía y Vivienda, Ciudad y Territorio, en conjunto con el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), decretaron con sus firmas que el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, tenga las facultades para tomar control de las funciones de las comisiones reguladoras de agua potable (CRA) y de energía y gas (Creg) por tres meses.
Sobre este controversial hecho, hay que recordar que dosa días antes, los comisionados de la CREG le enviaron una misiva a la Ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, dentro de las 26 páginas de que consta el documento, hacen un recuento de los logros obtenidos a lo largo de casi tres décadas de funcionamiento de la comisión, los retos del país en energía, gas natural, gas licuado de petróleo y gas propano, así como un análisis jurídico de las leyes que crearon la CRA y la Creg y le asignaron a esta última la función de fijar las tarifas de energía.
Al respecto, los gremios del sector se pronunciaron advirtiendo que él como presidente no puede atribuirse la facultad de fijar las tarifas de energía
acorde al documento conocido que enviaron a la ministra, le explican las subidas recientes de precios en la energía “no son consecuencia de la falta de cumplimiento de los principios tarifarios por parte del regulador al establecer las metodologías y fórmulas tarifarias, sino efecto de los aumentos en los costos de inversión y operación, en un entorno de alta inflación, en especial de la reposición de activos y de la expansión del servicio, tanto del parque de generación como de las redes de transporte y distribución”.
Asimismo hacen un recorderis en el sentido de la CREG cuenta con los estudios de mecanismos de las tarifas para permitir que los inversionistas recuperen las inversiones y los costos de operación, y para que los consumidores tengan el mejor servicio posible con una tarifa adecuada en un sector de alto riesgo, sin cortes del servicio.
Los expertos le advirtieron a la ministra que “intervenir los precios del mercado mayorista de energía, implica una distorsión en el comportamiento del mercado que elimina la posibilidad de usar el precio como mecanismo de racionalización de los embalses y traslada al Estado el riesgo de la operación de estos. De esta forma, si se llegase a presentar en el próximo verano una situación de hidrología seca extrema, frente a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de El Niño, tendríamos un muy complejo panorama con el riesgo de enfrentar la posibilidad de no atender la demanda en forma continua”.
El documento añade que las normas actuales han permitido mejoras en la calidad del servicio y la expansión de la red, además de incentivar inversiones por 17.000 millones de dólares únicamente en el esquema del cargo por confiabilidad, “distribuidos en 30 proyectos que suman una capacidad cercana a los 6.000 MW”.
Al final, los comisionados firman “con la expectativa de que lo aquí expuesto motive una reflexión sobre la importancia de mantener la institucionalidad del sector y mejorarla en lo que fuere pertinente”.
(Con información de Cambio)
