En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al exalcalde de Maicao, La Guajira, José Carlos Molina Becerra (2016-2019), tras hallar irregularidades en el contrato de obra para el proyecto denominado Urbanización Marina Esperanza, el cual estaba siendo financiado con recursos de regalías.
Según la investigación llevada a cabo por la Procuraduría, se comprobó que el exmandatario omitió tomar las acciones pertinentes y ejercer el debido control sobre el contratista encargado de la construcción de 300 viviendas de interés prioritario destinadas a la población desplazada de Maicao.
El ente disciplinario enfatizó que los representantes legales de las entidades tienen la responsabilidad de supervisar las actividades contractuales, y que deben realizar reuniones periódicas, seguimientos, circulares y revisiones para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos contratados.
El actuar negligente del exalcalde Molina Becerra fue considerado como una violación a su deber de velar por el interés general y resultó en una vulneración de los principios de eficacia y eficiencia que todo servidor público debe aplicar en la ejecución de los contratos, lo que repercutió negativamente en el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del Estado.
Finalmente, la Procuraduría calificó la falta de Molina Becerra como gravísima a título de culpa gravísima, debido a que no exigió a la interventoría y supervisión los informes que demostraran el avance del proyecto, lo que habría permitido tomar las medidas necesarias para asegurar una adecuada ejecución contractual.
