El vicecontralor en funciones de contralor General, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer que la entidad que preside ha identificado que 65 candidatos para las elecciones del próximo 29 de octubre están reportados en el boletín de responsables fiscales.
Durante el Foro “Por unas elecciones en paz, transparentes y de cara a la ciudadanía”, convocado en el marco de la conmemoración de los 100 años de existencia de la CRG, Zuluaga explicó que más de 30 partidos efectuaron consultas a la Contraloría acerca de inhabilidades por reportes en el boletín de responsables fiscales y lo que tendría que verificarse es si el Consejo Nacional Electoral o los partidos aceptaron la inscripción de esos 65 candidatos, algunos de los cuales aspiraban a ser gobernadores y alcaldes.
Por otra parte, explicó que la modificación que se pretende hacer con el proyecto de ley anunciado por el Gobierno Nacional en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derecho Humanos a favor del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, plantea que no se sancione ni se reporte en ese boletín a los servidores públicos elegidos popularmente.
Frente a ello, se preguntó: “la pregunta que uno se hace, ad portas de una elección, es si después de haber determinado la Contraloría que existió responsabilidad fiscal sobre estas 65 personas, que administraron el recurso y el patrimonio de todos los colombianos, tienen el derecho a volverse a elegir como servidores públicos en una elección, en cumplimiento de un fallo”, manifestó Zuluaga.
De acuerdo con el borrador de Acto Legislativo que publicó el Ministerio de Justicia, se propone una modificación de los numerales 8 y 17 del artículo 268 de la Constitución, referente a las atribuciones del contralor General de la República. El numeral 8 vigente permite al contralor la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones fiscales, sin embargo, la reforma propuesta limita esas facultades.
Finalmente, enfatizó en que considera que no se le deberían quitar a la Contraloría las competencias de sancionar e investigar servidores públicos en general y reportarlos en el boletín de responsables fiscales. “Tampoco se le debe quitar la atribución que tiene para separar del cargo, durante el periodo que se tenga una investigación, donde existan indicios que el uso de ese cargo por parte del servidor público puede obstaculizar la investigación fiscal adelantada por la Contraloría”, concluyó.
