En una comunicación enviada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Petro otorga plenos poderes a los abogados Juan Roberto Sotomayor y Alejandro Arcila Castro para que ejerzan su representación en las acciones que puedan llevarse a cabo ante la Cidh relacionadas con los eventos que rodearon su captura y sus audiencias preliminares.
Los argumentos presentados por la defensa de Nicolás Petro ante la Cidh son los siguientes:
El juez al final del caso determinó que no existían elementos para su captura, lo que finalmente sucedió. Petro quedó en libertad solo con la restricción de no salir de Barranquilla.
“Considera que fue violatorio de sus derechos el hecho de que la Fiscalía exigiera que uno de sus abogados no estuviera presente durante una audiencia, lo que llevó a la renuncia de Juan Trujillo.
Sostiene que fue detenido con un despliegue de fuerza excesivo.
Argumenta que fue trasladado desde Barranquilla a Bogotá, a pesar de que el juez competente era de Barranquilla y no de la capital del país”, indicó la defensa.
Lo más grave, según Nicolás Petro, es que le condicionaron su libertad, a la que ya tenía derecho según el juez del caso, a que hablara en contra de su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro, y en contra de la campaña presidencial de él, a pesar de que el fiscal no era competente para llevar a cabo esas investigaciones.
