El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, junto con su esposa Socorro Oliveros, se declararon inocentes ante los cargos formulados por el Juez Octavo Penal de Control de Garantías de Bucaramanga. Ambos son señalados por presunta financiación irregular en la campaña electoral del 2022.
El caso se centra en la utilización de más de 127 millones de pesos provenientes del patrimonio personal de Hernández para financiar su campaña, lo cual contravendría las leyes electorales. Simultáneamente, Hernández enfrenta acusaciones en un proceso penal por presunta corrupción.
Socorro Oliveros, gerente de la campaña de Hernández, también fue involucrada en el caso. Los abogados Óscar Fuentes e Indemaro Luján Lozada, quienes denunciaron las irregularidades, argumentaron que el dinero utilizado por el político estaba vinculado a la presunta financiación irregular relacionada con el caso de Vitalogic, que involucra la gestión de residuos en Bucaramanga durante el mandato de Hernández como alcalde.
En relación con el caso de Vitalogic, Hernández ha negado cualquier responsabilidad en los hechos imputados en su contra.
