La Fiscalía General de la Nación judicializó al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto por su presunta participación en las irregularidades detectadas durante la contratación para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, un contrato valorado en 32 millones de dólares.
De acuerdo con la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el exfuncionario habría intervenido en el proceso contractual sin tener competencia funcional, orientando la contratación mediante la modalidad de selección directa reservada con el propósito de favorecer a una empresa representada por un ciudadano estadounidense.
El ente acusador sostiene que la compañía presuntamente beneficiada no cumplía con los requisitos de experiencia técnica, capacidad jurídica ni solidez financiera exigidos para ejecutar el contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024.
La Fiscalía indicó además que Suárez Soto habría participado en reuniones para flexibilizar los requisitos del proceso, mantenido comunicación directa con los contratistas y realizado gestiones ante la Aeronáutica Civil relacionadas con un trámite considerado clave para la ejecución del acuerdo.
Según la investigación, el entonces viceministro conocía informes técnicos y jurídicos que advertían sobre el presunto incumplimiento de los requisitos por parte de la empresa contratista. A pesar de ello, habría dispuesto que un funcionario específico realizara la evaluación financiera del proceso.
Las autoridades también investigan el destino de más de 13 millones de dólares que continúan pendientes de reintegro tras la declaratoria de incumplimiento del contrato, recursos sobre los cuales aún se adelantan las actuaciones correspondientes.
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Con la judicialización, la Fiscalía continuará el proceso para establecer las eventuales responsabilidades penales derivadas de este caso de presunta corrupción en la contratación pública.
