En un comunicado, la Junta Directiva de Reficar y miembros de la administración precisaron que respetan la decisión de la Contraloría pero disienten de la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios de Reficar argumentando que “La Contraloría se apartó durante todo el proceso del inmenso caudal probatorio que demuestra que tomamos las mejores decisiones para salvaguardar los recursos públicos invertidos y se garantizó la terminación y puesta en marcha de la Refinería. En consecuencia, no estamos ante un fallo en derecho”.
Afirman que el fallo de la CGR que esperan conocer integralmente y por los conductos regulares, es abiertamente contradictorio con las conclusiones a las que arribó la Procuraduría General, después de 8 años de profundas investigaciones en las que destacó la actuación diligente y acertada de los miembros de Junta Directiva y demás administradores de Reficar en lo relacionado con las adiciones del Capex que han dado lugar al proceso adelantado por la Contraloría.
La Junta dice que así como la Procuraduría, la Contraloría no encontró ninguna conducta que pudiese catalogar como actos de corrupción.
“La Contraloría atribuye responsabilidad fiscal bajo el argumento de haber incumplido con una expectativa de rentabilidad que se calculó con base en un costo inicial del proyecto absolutamente subestimado por parte de la firma contratista CB&I”, afirma el comunicado en el que se agrega que el que se alcance o no la expectativa de rentabilidad es algo que sólo se sabe con certeza al final de la vida útil de la refinería, y en todo caso aun cuando no se logre tal rentabilidad ello no constituye un detrimento patrimonial.
Así las cosas para las directiva de Reficar, el fallo pone en riesgo la ejecución futura de megaproyectos en Colombia, ante la incertidumbre que supondría para cualquier decisor, tener que responder patrimonialmente por diferencias entre la expectativa de rentabilidad y la que resulte como indicativa en cada momento de evaluación de un proyecto. Se impone además a los miembros de Junta Directiva y Administradores la obtención de la rentabilidad como obligación de resultado, so pena de responder con su patrimonio.
Por ello la empresa anunció que procederá a apelar la decisión y, de ser necesario, acudirá a otras instancias para revertir el fallo proferido.
Explica que el costo inicial proyectado en 2009 por CB&I de USD 3777 millones, no puede ser el punto de referencia para determinar lo que en realidad costaría construir la Refinería de Cartagena, pues el tiempo probó que el estimado inicial de costo y tiempos eran errados y subestimados.
