La elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional estaría manchada por un esquema de corrupción con dineros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), según revelaciones hechas por la exconsejera presidencial Sandra Ortiz a la Fiscalía.
De acuerdo con información publicada por SEMANA, Ortiz entregó pruebas, incluidos chats de WhatsApp, que evidencian cómo, en octubre de 2023, se habría pactado el pago de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, para agilizar la elección de Fernández, considerado un hombre de confianza del presidente Gustavo Petro.
Los mensajes muestran que, días antes de la votación, se organizó un desayuno entre Ortiz, Name, Fernández y Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, en el que se habría cerrado el acuerdo. Posteriormente, el orden del día de la plenaria del Senado incluyó la elección, y Vladimir Fernández fue nombrado magistrado con 88 votos.
Ortiz, actualmente detenida, pidió un principio de oportunidad con inmunidad total a cambio de colaborar con la justicia y ha entregado pruebas que también salpican a González y a Name. Sin embargo, el avance del caso en la Fiscalía ha sido lento, lo que genera suspicacias.
El escándalo ha provocado tensiones en la Corte Constitucional, donde Fernández enfrenta críticas internas y señalamientos de actuar más como un “abogado del Gobierno” que como un magistrado independiente.
El país espera respuestas claras sobre este caso que pone en entredicho la transparencia en uno de los máximos órganos de la justicia colombiana.
