El Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el representante David Racero.
La acción judicial fue presentada tras conocerse que uno de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) habría sido asignado a cumplir funciones ajenas a las del Congreso, específicamente en un fruver. De comprobarse, esto representaría una violación a las normas sobre el uso de recursos del Estado.
El proceso pasará ahora a etapa de análisis y eventualmente podría derivar en la pérdida de investidura del congresista, una de las sanciones más graves para los legisladores. Racero no se ha pronunciado oficialmente sobre la decisión del alto tribunal.
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