El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este viernes a favor del Gobierno del expresidente Donald Trump, permitiéndole revocar el estatus de residencia temporal a 532.000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Con una votación de 7 magistrados a favor y 2 en contra, la corte concedió la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dejando sin efecto una decisión previa de una jueza federal en Massachusetts que impedía anular el llamado “parole humanitario” aprobado durante la administración Biden.
La decisión del alto tribunal habilita al Ejecutivo a cancelar de forma inmediata los permisos de estancia y trabajo temporal, sin necesidad de evaluar individualmente cada caso, como había establecido la instancia inferior.
Duras críticas desde el ala liberal
Las magistradas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en contra del fallo. En su escrito de disenso, la jueza Jackson calificó la decisión como una “chapuza” jurídica y criticó duramente a la mayoría conservadora del tribunal.
“El tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy”, escribió Jackson, advirtiendo que la decisión subestima las “devastadoras consecuencias” para cientos de miles de personas cuya estabilidad y sustento están ahora en riesgo.
Jackson también denunció que la Corte no exigió al Gobierno una evaluación seria sobre los daños irreparables que la revocatoria podría causar mientras los procesos legales aún están en curso.
Implicaciones humanitarias y legales
El programa de parole humanitario fue implementado en 2023 por el Gobierno Biden como parte de su política de control fronterizo con enfoque humanitario. Permitía a migrantes de países con crisis humanitarias residir temporalmente en EE. UU. mientras tramitaban solicitudes de asilo u otras formas de protección legal.
Con esta decisión, la Corte Suprema allana el camino para deportaciones masivas o para que estas personas pierdan sus derechos laborales y acceso a servicios mientras sus casos migratorios siguen pendientes.
Organizaciones de derechos humanos han rechazado la decisión y anuncian nuevas demandas para proteger a los migrantes afectados.
