El Consejo de Estado, mediante medida cautelar, suspendió el decreto 0639 del 11 de junio de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro convocaba a una consulta popular sobre reformas laborales y sanitarias. La decisión responde a una demanda presentada por doce senadores —entre ellos David Luna y Paloma Valencia— quienes alegan que la convocatoria desconoce la votación desfavorable del Senado y vulnera la Constitución
Los demandantes argumentan que el decreto imponía una “extralimitación del presidente” y faltaba al artículo 104 de la Carta Política, que exige un concepto favorable del Senado para tal convocatoria. En su demanda, solicitan anular el decreto y frenar cualquier implementación hasta que se resuelva su fondo jurídico.
La Procuraduría, en un concepto previo, había instado al Consejo de Estado a no autorizar la suspensión del acta del Senado que archivó la consulta, al considerar que no se presentaron pruebas suficientes de irregularidades en la votación . No obstante, la alta corte optó por conceder la medida cautelar, priorizando evitar efectos irreversibles en el orden institucional.
Este fallo se enmarca en un escenario tenso: el Gobierno insiste en avanzar por vía administrativa, citando supuestas fallas en la votación del Senado, mientras que la oposición ha catalogado el decreto como un “voleón institucional” y una amenaza a la democracia . La Corte Constitucional también evalúa el decreto, y el registrador Penagos mantuvo la convocatoria en suspenso hasta que los tribunales emitan su fallo definitivo
La suspensión cautelar deja en espera la realización de la consulta prevista para el 7 de agosto, en tanto se defina el fondo jurídico. El Gobierno aún analiza alternativas, incluida la posibilidad de una asamblea constituyente, si persisten los rechazos institucionales. En los próximos días, el pulso judicial determinará si Petro podrá continuar su estrategia, o si la institucionalidad logrará frenar lo que algunos definen como un intento de concentrar poder.
