El Gobierno nacional estudia implementar una nueva opción tarifaria para saldar las deudas de Air-e con los generadores de energía, que ascienden a 1,2 billones de pesos, y evitar riesgos de racionamiento en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La Superintendencia de Servicios Públicos, que lidera la intervención en Air-e, propone que los recursos de la próxima reducción de tarifas (anunciada por la Creg con rebajas de hasta el 5 %) no se trasladen de inmediato a los usuarios, sino que se utilicen para cubrir las deudas de la empresa. Posteriormente, estos recursos serían devueltos de manera gradual a los usuarios.
La propuesta ha generado rechazo entre usuarios y algunos gremios del sector, que advierten que esto representaría un nuevo golpe para las familias, que ya han asumido los costos de opciones tarifarias heredadas de la pandemia y pagan una sobretasa del 20 % para financiar subsidios.
“Exigimos que la totalidad de la rebaja tarifaria alivie las pesadas cargas de los usuarios”, reclamó Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe, quien además recordó que esta rebaja se logró gracias a las luchas de las organizaciones ciudadanas y las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico para poner fin al régimen tarifario especial contra la región.
La propuesta será estudiada por la Creg antes de su aprobación e implementación.
