Los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenados en Colombia por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 en Cartagena, fueron trasladados en las últimas horas a la cárcel La Picota de Bogotá, una de las prisiones de mayor seguridad del país.
El movimiento de los denominados “narcohermanos” se da en medio de un fuerte debate por las condiciones de seguridad que deben tener tras convertirse en figuras clave dentro de un crimen que sacudió a Paraguay y Colombia, y que dejó abiertas muchas preguntas sobre sus autores intelectuales.
Un traslado con tensiones
El presidente Gustavo Petro había solicitado que los hermanos Pérez Hoyos fueran recluidos en una guarnición militar, argumentando que se trataba de un crimen de alto perfil y que era necesario garantizar su integridad para que pudieran colaborar con la justicia. Sin embargo, la Dirección de Reclusión Militar no acogió esa solicitud y decidió no recibirlos.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, entre los militares había incomodidad frente a la posibilidad de custodiar a los dos condenados. Uno de los argumentos es que los hermanos no han cumplido lo que prometieron: entregar información valiosa sobre los autores intelectuales del asesinato de Pecci.
La promesa incumplida
En su momento, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos aceptaron cargos y ofrecieron colaborar con la justicia colombiana y paraguaya para esclarecer quién ordenó y financió el asesinato del fiscal. Sin embargo, hasta ahora —según las fuentes consultadas— no han entregado ninguna información concreta que permita avanzar hacia la identificación de los cerebros detrás del crimen.
Este silencio habría generado malestar en sectores de la justicia y en las autoridades militares, que consideran que no existen garantías de que los hermanos cumplan su palabra y, por ende, no ven sentido en otorgarles un esquema de protección especial.
El caso Pecci: un crimen que marcó a dos países
Marcelo Pecci, fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico y lavado de activos, fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú, Cartagena, mientras disfrutaba de su luna de miel. El crimen, ejecutado en medio de un operativo cuidadosamente planeado, conmocionó a Paraguay y Colombia, y puso en evidencia la penetración del narcotráfico transnacional.
Los hermanos Pérez Hoyos, junto a otros implicados, fueron capturados y condenados en Colombia tras aceptar cargos. Su confesión permitió acelerar el proceso judicial, pero aún no se conoce la identidad de quienes ordenaron el homicidio.
Escenario actual
Con el traslado a La Picota, los Pérez Hoyos compartirán reclusión con algunos de los criminales más peligrosos del país. Su seguridad dependerá de los esquemas internos del Inpec y no de un régimen especial militar, como había solicitado el presidente Petro.
El caso sigue abierto: las autoridades en Colombia y Paraguay mantienen líneas de investigación sobre posibles conexiones internacionales del crimen, que involucran a carteles del narcotráfico. Entretanto, la falta de cooperación de los hermanos Pérez Hoyos pone en duda que algún día se conozca la verdad completa sobre quién estuvo detrás del asesinato del fiscal Pecci.
