Colombia enfrenta una crisis de seguridad cada vez más grave: la extorsión, uno de los delitos que más impacto social y económico genera, se ha triplicado desde 2022 según cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación. Las estadísticas muestran que, en 2024, más del 94 % de los procesos judiciales por este delito permanecen en la impunidad, mientras que apenas el 1 % concluye con una pena efectiva.
Este panorama ha encendido las alarmas de autoridades, gremios económicos y ciudadanía. La extorsión no solo afecta a comerciantes y empresarios, sino que ha logrado paralizar la vida en comunidades enteras, especialmente en regiones donde estructuras criminales imponen sus propias reglas y tarifas ilegales.
Barranquilla: una ciudad bajo presión
En Barranquilla, el alcalde Alejandro Char ha denunciado públicamente la gravedad de la situación, haciendo un llamado urgente al Gobierno Nacional.
“En Barranquilla estamos cansados de la extorsión”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la capital del Atlántico necesita refuerzos inmediatos de la Fuerza Pública y estrategias efectivas para enfrentar este fenómeno que azota a tenderos, transportadores y pequeños comerciantes.
Cifras que preocupan
El representante a la Cámara Julio César Triana ha advertido que en los últimos tres años las estructuras criminales dedicadas a la extorsión han recolectado más de 30.000 millones de pesos producto de amenazas y cobros ilegales. Sin embargo, se estima que el problema es mucho mayor: solo dos de cada diez víctimas se atreven a denunciar, lo que deja la mayoría de los casos fuera de los registros oficiales y dificulta el accionar de la justicia.
Un delito que se expande
Organizaciones criminales como el Clan del Golfo, bandas locales y grupos residuales de antiguas guerrillas han encontrado en la extorsión una de sus principales fuentes de financiamiento. Los sectores más afectados incluyen transporte público, comercio, construcción y minería.
Expertos en seguridad advierten que la falta de resultados judiciales, sumada al miedo de los ciudadanos, ha permitido que el delito se consolide como una práctica sistemática en varias regiones del país.
Llamado a la acción
Ante este panorama, analistas piden un fortalecimiento urgente de las capacidades investigativas, la protección de denunciantes y una estrategia nacional integral que ataque las finanzas criminales. De lo contrario, advierten, la extorsión continuará creciendo y debilitando el tejido social y económico de Colombia.
