Con tono firme y sin ahorrar palabras, el abogado Alejandro Carranza, defensor del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, arremetió este martes contra la Fiscalía General de la Nación durante su intervención final en la audiencia de solicitud de exclusión de pruebas.
El eje de su argumentación fue un contraste incómodo: las capturas de su cliente y de Daysuris Vásquez, expareja del hijo del presidente Gustavo Petro, realizadas el mismo día —el 29 de julio de 2023— pero, según él, con procedimientos y enfoques diametralmente opuestos.
“A Nicolás se le exhibe desnudo para humillarlo. Así lo capturaron. El allanamiento fue una cosa de espectáculo, señor juez”, afirmó Carranza ante el estrado, asegurando que se vulneraron derechos fundamentales como la intimidad, la dignidad y el debido proceso.
Para sustentar su tesis, el abogado presentó videos de ambas diligencias. Aseguró que, mientras a Vásquez la Fiscalía le tocó la puerta, le informó del procedimiento y le permitió cambiarse antes de trasladarla, el procedimiento con Petro fue violento, invasivo y filmado en circunstancias privadas.
“Con Nicolás saltan de un balcón al otro apartamento, se meten por la ventana, lo cogen desnudo, lo graban, lo siguen al baño y lo obligan a cambiarse delante de ellos. A su esposa, embarazada de ocho meses, también la grabaron desnuda”, relató Carranza, visiblemente molesto.
El abogado sostuvo que ese procedimiento marcó desde el inicio un “sesgo institucional” en el proceso judicial contra Nicolás Petro, acusando a la Fiscalía de montar un operativo más pensado para el consumo mediático que para el respeto a las garantías del procesado.
La intervención llevó al juez primero especializado, Hugo Carbonó, a intervenir con una advertencia clara: “Absténgase de mostrar imágenes que expongan al procesado en situación de desnudez, así hayan sido noticia pública. Puede mencionarlas como sustento, pero no hacerlas repetitivas”, indicó el togado.
A su turno, el delegado de la Procuraduría, Francisco Bustos Alba, se sumó al llamado a la mesura y recordó que todos los capturados tienen derecho a un trato digno:
“Debemos ser respetuosos. Las personas a las cuales se les indica un delito gozan de todos los derechos y todas las garantías”, afirmó.
Este nuevo capítulo en el proceso contra Nicolás Petro reaviva el debate sobre los límites del poder judicial en procedimientos altamente mediáticos, y plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la justicia sin vulnerar lo que dice defender?
