El secretario del Interior del Atlántico con funciones de gobernador encargado, José Antonio Luque, lideró el segundo Comité de Justicia Transicional. En este espacio se revisaron las acciones de prevención, protección, asistencia y reparación integral dirigidas a la población víctima del conflicto armado.
A la reunión asistieron representantes de las secretarías de la Gobernación, alcaldes municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Policía del Atlántico, la Policía Metropolitana de Barranquilla y delegados de organismos de control. Todos ellos presentaron y discutieron los avances en programas y rutas de atención.
Durante la jornada, el gobernador (e) destacó que el plan de desarrollo “Atlántico para el Mundo” contempla un capítulo especial para esta población, con inversiones y estrategias que buscan garantizar sus derechos.
Entre los anuncios, Luque resaltó la entrega de 822 cupos del programa “Mi Casa Bacana”, a través de mejoramientos de vivienda que han beneficiado a víctimas del conflicto, personas con discapacidad, comunidades étnicas y madres cabeza de hogar.
“Recordemos que tenemos 10.000 programas de mejoramientos y lo que estamos haciendo es trabajar muy duro para que este tipo de poblaciones sigan siendo beneficiadas”, apuntó.
En las conclusiones del funcionario, se socializó la ruta de formación Cre@cir, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, que promueve la capacitación de las víctimas para el emprendimiento y el fortalecimiento de iniciativas productivas.
De igual forma, el Sena presentó su oferta de formación en distintos municipios del Atlántico, con el compromiso de articular esfuerzos junto a los alcaldes y enlaces de víctimas para facilitar el acceso a estos programas.
“Estamos avanzando en la atención integral de nuestras comunidades más vulnerables. La articulación entre alcaldías, autoridades nacionales y departamentales es clave para seguir ofreciendo oportunidades y transformar la vida de las víctimas del conflicto”, afirmó el gobernador (e).
Por último, explicó que el objetivo principal de este plan es promover el goce efectivo de los derechos de la población víctima al alinear las acciones de las distintas entidades del orden territorial y nacional.
El Comité concluyó con el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la implementación efectiva de las políticas públicas que dignifiquen a las víctimas en todo el departamento.
Una vez más queda confirmado el esfuerzo del gobierno de Eduardo Verano por los sectores más vulnerables de la sociedad, que está inscrito en el plan de desarrollo departamental, cuyas inversiones sociales alcanzan el 62 % del presupuesto.
