El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó, tras tres años de investigación, que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 superó los topes de financiación establecidos por la ley tanto en primera como en segunda vuelta. Con seis votos a favor, la sala plena aprobó la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, marcando un hecho inédito: es la primera vez que el CNE sanciona a una campaña presidencial por esta infracción.
Según el fallo, la campaña excedió los topes permitidos en aproximadamente 5.3 millones de pesos. De ese monto, 3.7 millones corresponden a la primera vuelta, donde no se registró la procedencia de varios recursos, mientras que el resto se atribuye a la segunda vuelta electoral en la que Petro venció a Rodolfo Hernández.
Además de la sanción económica, el CNE compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Ricardo Roa, gerente de la campaña en ese entonces y hoy presidente de Ecopetrol.
Multas e implicados
El fallo también impone sanciones a varios miembros del equipo financiero y político de la campaña:
- Ricardo Roa,
- Lucy Aydee Mogollón, tesorera,
- María Lucy Soto, auditora,
quienes deberán responder por 252 millones de pesos por financiación prohibida proveniente de personas jurídicas.
A esto se suman:
- 267 millones de pesos por financiación irregular en segunda vuelta.
- 590 millones de pesos por violación de topes de ingresos y gastos.
Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también fueron multados con 583 millones de pesos cada uno, por haber permitido o tolerado las irregularidades en la campaña.
Origen del proceso
La investigación inició en octubre de 2024, cuando el CNE abrió un expediente por presunta superación de topes y financiación prohibida. Aunque la Corte Constitucional ordenó suspender la indagación sobre Petro en abril de 2025, la medida no cobijó a los demás integrantes del equipo electoral, lo que permitió continuar el proceso que concluyó el 27 de noviembre de 2025.
La Ley 996 de 2005 faculta al CNE para auditar ingresos y gastos de campañas y ordenar la devolución de recursos irregulares, además de imponer sanciones económicas.
Con este fallo, el organismo electoral sienta un precedente en materia de control financiero de campañas políticas y abre la puerta a eventuales investigaciones penales y nuevas discusiones jurídicas en el país.
