La Procuraduría General de la Nación respaldó la decisión del Juez Segundo Penal Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, de admitir los testimonios del Ministro del Interior, Armando Benedetti, y del congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, en el juicio contra Nicolás Petro, y mantener la inadmisión del testimonio de Ricardo Roa, exjefe de campaña presidencial de Gustavo Petro, solicitado por la defensa del exdiputado.
Según explicó Henry Bustos, delegado de la Procuraduría en el proceso, los testimonios de Benedetti y Escaf fueron solicitados por la Fiscalía con fines distintos a los planteados por la defensa para Roa. Mientras la defensa argumentaba que el testimonio de Roa era necesario para garantizar igualdad de armas y abordar la financiación de la campaña presidencial, la Procuraduría señaló que este tema “no es objeto de acusación” en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
“El testimonio de Roa es impertinente porque no se relaciona con los hechos que están siendo investigados en este caso”, señaló Bustos. Por el contrario, los testimonios de Benedetti y Escaf fueron considerados pertinentes, ya que aportan información sobre cómo conocieron a Nicolás Petro y el contexto en el que se desenvolvió, no sobre la financiación de la campaña.
El juicio fue suspendido y continuará los días 26 y 27 de marzo a las 8:30 a.m., mientras el juzgado resuelve los recursos interpuestos por las partes. Nicolás Petro participará de manera virtual, debido a que aún no puede viajar de Bogotá a Barranquilla por restricciones derivadas de su inclusión en la ‘Lista Clinton’, junto a su padre, el Presidente Gustavo Petro, su madre Verónica Alcocer y el ministro Benedetti.
El proceso contra Nicolás Petro comenzó en julio de 2023, luego de su captura en Barranquilla por presuntas irregularidades en el manejo de dinero de dudosa procedencia. La testigo principal es Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, quien se acogió a un principio de oportunidad y ha entregado información clave sobre chats, documentos y movimientos financieros que la Fiscalía considera probatorios.
El juicio sigue bajo estricta vigilancia judicial y se espera que las decisiones sobre los recursos puedan derivar en apelaciones ante el Tribunal Superior de Barranquilla antes de que se reanuden las audiencias.




