Por Eduardo Verano de la Rosa
Sigue al rojo vivo la discusión entre el Gobierno nacional y el Banco de la República con respecto al manejo de las tasas de interés que llegaron al 11.25 %.
El conflicto central reside en equilibrar una moneda estable con el crecimiento económico. Según la Constitución, la misión principal del Emisor es preservar el valor del dinero, tarea que antes realizaba la Junta Monetaria. Su fin último es evitar que la inflación destruya la economía, una postura que suele contrastar con la intención del Gobierno de elevar el gasto público para dinamizar la actividad nacional.
Esta discusión no es solo en Colombia; es en toda Latinoamérica. Con la pandemia, la inflación se disparó en casi todos los países. En Colombia llegó al 13 %. El Banco de la República fue muy criticado por la poca efectividad para controlar la inflación. Se ha encarecido la deuda pública y hay que evitar el desbarajuste de las finanzas públicas y el pánico económico por la subida de los intereses, que disminuyen la inversión y el crecimiento económico.
El Ministerio de Hacienda y el Banco de la República deben trabajar unidos para que haya crecimiento económico, aunque tengan posiciones diferentes. Hay que evitar que la percepción de los inversionistas caiga.
Durante los debates en la Constituyente, en 1991, la discusión giró alrededor del objetivo principal del Banco: controlar la inflación y obtener una moneda sana y una economía robusta.
El artículo 371 le da al Emisor autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y el 372 lo obliga a velar por la economía como su responsabilidad fundamental.
El Banco de la República no es subalterno del Ministerio de Hacienda y ambos tienen obligaciones y deberes en función de lograr una moneda sana, mantener la credibilidad de la política económica y la solidez institucional como un activo del desarrollo económico.
La tarea más importante del ministro de Hacienda es ordenar, coordinar y dirigir la Junta Directiva del Banco de la República con autonomía técnica, protegida por la Corte Constitucional.
Sin embargo, como es el caso actual, podría no haber consensos y no tener las mayorías necesarias para sacar adelante lo que considera su propia política monetaria.
En esta etapa preelectoral seguramente hay, además, elementos políticos. No se puede desconocer que el incremento del 23 % del salario mínimo golpeará la inflación.
El manejo del gasto público se debe controlar para evitar la inflación. Para ello, se necesita una política restrictiva con un ajuste fiscal para evitar un desbordamiento del gasto del Gobierno.
La discusión institucional es cómo corregir el déficit fiscal, pero lo más importante es contener la inflación y mantener la independencia del Banco Central para coordinar las políticas públicas.
El respeto institucional es necesario para mantener una estabilidad macroeconómica. Parece un tema de nunca acabar. Están claras las dos posiciones: la institucionalidad y la fortaleza de la economía versus el mandato del Banco de la República de una moneda sana.
No obstante, la responsabilidad mayor de todos, sin excepción y además ineludible, es que haya crecimiento económico. Es una discusión interesante desde el punto de vista monetario, pero también la defensa de la independencia del Banco de la República como elemento fundamental de la Constitución del 91.
