La Contraloría General de la República mantiene una inspección especial en el Ministerio de Hacienda para verificar la contratación realizada por el Gobierno nacional tras el levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías, luego de detectar un incremento significativo en la suscripción de contratos durante las últimas semanas de la administración.
De acuerdo con el organismo de control, en un periodo aproximado de cuatro semanas fueron suscritos 14.414 contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos, cifra que representa un aumento del 22,5 % frente al mismo periodo de transición gubernamental registrado hace cuatro años.
Las labores de inspección, que son adelantadas por un grupo élite de Policía Judicial de la Contraloría, se extenderán hasta el próximo viernes con el objetivo de recopilar y analizar toda la información relacionada con la situación presupuestal y financiera del Gobierno saliente.
La contralora delegada para Economía y Finanzas, Jenny Lindo, explicó que el seguimiento especial fue ordenado por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, desde el pasado 22 de junio, como parte de las acciones preventivas para vigilar el manejo de los recursos públicos durante el proceso de transición presidencial.
Según la funcionaria, el análisis preliminar evidenció que más de 11.000 de los contratos fueron celebrados mediante contratación directa, lo que, sumado al volumen de recursos comprometidos, motivó la intervención del ente de control.
Lindo advirtió que estos nuevos compromisos generan una presión importante sobre las finanzas públicas para el segundo semestre del año.
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“Más de 4 billones de pesos en nuevos compromisos presionan la caja del Presupuesto General para este segundo semestre”, señaló.
La funcionaria aclaró que la Contraloría ejerce un control fiscal posterior sobre la ejecución de los recursos, aunque la Constitución le permite emitir funciones de advertencia cuando identifica riesgos para el patrimonio público.
En ese sentido, recordó que el organismo no tiene facultades para suspender contratos ni detener la ejecución del gasto público, ya que esas decisiones corresponden a la administración.
“La ley no le ha otorgado a la Contraloría la facultad de suspender contratos”, enfatizó.
No obstante, explicó que las advertencias emitidas por la entidad generan responsabilidades para los ordenadores del gasto y pueden derivar posteriormente en procesos de responsabilidad fiscal o en el traslado de hallazgos a la Procuraduría o la Fiscalía, si se identifican posibles irregularidades.
Respecto a la posibilidad de que los recursos comprometidos hubieran sido utilizados con fines políticos durante la reciente campaña presidencial, Lindo evitó emitir conclusiones anticipadas.
“En esta instancia inicial no podemos confirmar ni negar eso”, indicó, aunque reconoció que la velocidad con la que fueron suscritos los contratos constituye un elemento que justifica un seguimiento exhaustivo.
La Contraloría señaló que, una vez finalice la inspección y concluya el análisis técnico de la información recopilada, determinará si existen méritos para abrir procesos de responsabilidad fiscal o trasladar eventuales hallazgos a otras autoridades competentes.
El organismo insistió en que el principal aspecto bajo revisión es la aceleración del gasto durante el periodo de transición, al considerar que comprometer más de 14.000 contratos por 4,55 billones de pesos en apenas cuatro semanas constituye una situación que amerita especial vigilancia por parte de los entes de control.
