En medio de las versiones sobre una eventual negociación con la Fiscalía General de la Nación, la defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que, por ahora, no existe ningún acercamiento para obtener beneficios judiciales dentro del proceso que enfrenta por la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
El pronunciamiento se conoció luego de que Roa acudiera al búnker de la Fiscalía, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de un preacuerdo o de un principio de oportunidad con el ente investigador.
Frente a esos rumores, el abogado Juan David León fue enfático al señalar que no hay ninguna negociación en marcha y que la estrategia de la defensa continúa enfocada en demostrar la inocencia de su cliente.
“La defensa sigue trabajando en el proceso y, por el momento, no existe ningún acuerdo para acceder a beneficios judiciales”, indicó el jurista.
La visita al búnker de la Fiscalía
Caracol Radio reveló que Ricardo Roa estuvo el jueves 30 de julio en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, donde presentó un derecho de petición con el propósito de conocer el estado de los procesos penales que actualmente cursan en su contra.
La solicitud busca obtener información sobre dos investigaciones. La primera corresponde al expediente por la presunta violación de los límites de gastos durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que Roa se desempeñó como gerente.
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La segunda está relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá, caso en el que la Fiscalía investiga un supuesto tráfico de influencias para la adquisición del inmueble y una posible relación entre esa negociación y un contrato adjudicado posteriormente por Ecopetrol.
En ambos procesos, el directivo ha rechazado cualquier irregularidad y sostiene que actuó conforme a la ley.
¿De qué está acusado Ricardo Roa?
La investigación por la campaña presidencial de 2022 se centra en la presunta omisión de reportes de ingresos y gastos electorales, situación que, según la Fiscalía, habría ocasionado un exceso en los topes de financiación permitidos por la legislación colombiana.
Por estos hechos, el ente acusador le imputó el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales.
Sin embargo, Roa ha insistido en que todas las actuaciones realizadas durante la campaña se ajustaron a la normatividad vigente y que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.
La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones
Las versiones sobre una posible negociación surgieron debido a la presencia de Roa en la Fiscalía y a la posibilidad de que acudiera a mecanismos de terminación anticipada del proceso.
Entre estas figuras jurídicas se encuentran el preacuerdo, mediante el cual un procesado acepta responsabilidad a cambio de una reducción de la pena, y el principio de oportunidad, que permite suspender o extinguir la acción penal cuando existe una colaboración eficaz con la justicia.
No obstante, la defensa desmintió que actualmente exista alguna gestión en ese sentido y reiteró que la prioridad es continuar con la estrategia jurídica para enfrentar los dos procesos que permanecen en curso.
