“Desde un comienzo el señor Mario Montoya ha negado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales y ha tenido una actitud grosera con las víctimas”, sostiene Jacqueline Castillo, una de las voceras de la asociación de Madres de ‘falsos positivos’ de Colombia (Mafapo), conocidas como madres de Soacha.
Lo anterior es relacionado con el anuncio de la Fiscalía de imputar al excomandante del Ejército por su presunta responsabilidad en 104 asesinatos de civiles para presentarlos ilegítimamente como bajas en combate, una decisión que hasta la semana pasada estaba detenida debido al sometimiento del general (r) Mario Montoya a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Él no ha aportado verdad ante la JEP, a pesar de que varios de los militares que han rendido versión aseguran que pedía una cifra mensual de bajas, que ejercía presiones por resultados y les daba beneficios a quienes los obtuvieran, y que hasta llegó a pedir ‘litros de sangre’ a sus subalternos”, dice Castillo.
Para su organización, la imputación de la Fiscalía serviría para que, en caso de que la JEP expulse a Montoya, su proceso esté más adelantado ante la justicia ordinaria.
“La ley es clara en que si estas personas no cuentan la verdad ni aceptan responsabilidad, incumplen el régimen de condicionalidad de la JEP y deben ser expulsados”, asegura la lideresa de Mafapo.
De hecho, el 30 de septiembre de 2020, varias víctimas le pidieron al tribunal transicional cerrarle la puerta al general Montoya, solicitud que fue negada por la JEP.
Es importante que responda, porque es a donde siempre hemos querido llegar: saber quién dio la orden de asesinar a nuestros familiares.
La representación de Montoya ha insistido en su inocencia y afirmado que el exmilitar no avaló ni dio instrucciones para que los hombres bajo su mando cometieran delitos.
Para el abogado Fernando Rodríguez, quien representa a víctimas de ‘falsos positivos’, las eventuales imputaciones que haga la Fiscalía sobre este y otros casos de personas sometidas a la JEP tendrían un efecto de carácter simbólico.
“La Fiscalía no puede, bajo esta circular, solicitar medidas de aseguramiento preventivo u otras decisiones, pues su competencia termina cuando hace la formulación de imputación. No se llegará al escenario de juzgamiento, que es exclusivo de la JEP, pero esa imputación le dará más elementos a la jurisdicción y más peso a su determinación de hechos y conductas sobre los comparecientes”, dice el abogado.
Entre tanto, la vocera de las madres de Soacha asegura que su organización espera poder estar presente en la audiencia en la que el ente acusador impute a Montoya.
“Es satisfactorio y es importante que responda porque es a donde siempre hemos querido llegar: saber quién dio la orden de asesinar a nuestros familiares”, asegura Jacqueline Castillo.
ET
