La senadora Paloma Valencia lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro tras la expedición de un decreto del Ministerio de Agricultura que, según afirmó, representa un riesgo para la propiedad privada en Colombia.
La excandidata presidencial Paloma Valencia denunció este jueves 23 de julio que el Gobierno Petro expidió un decreto que, a su juicio, pone en riesgo la propiedad privada en Colombia. La firma del documento oficial del Ministerio de Agricultura se produjo a 16 días de que Gustavo Petro abandone la Casa de Nariño porque culmina su Gobierno.
El Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 excede, según Valencia, “de forma peligrosa las facultades de la ley: le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa. Esto no es reglamentar la ley; es modificar el Estatuto Registral por decreto y saltarse a jueces y registradores”.
“El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia”, escribió Valencia en su cuenta oficial de X.
Valencia divulgó el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026 “por el cual se adicionan los decretos 1071 de 2015, al Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural; 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho; y 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con el saneamiento de los predios y mejorar adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras para los fines previstos en el Artículo 31 de la Ley 160 de 1994″.
En uno de los artículos, se lee que la Superintendencia de Notariado y Registro creará antes del 25 de julio de 2026 un código registral especial, de carácter exclusivamente publicitario y sin efectos de limitación de dominio, para la utilidad pública con fines de reforma agraria y administración anticipada de los predios que ejerce la Agencia Nacional de Tierras (ANT) o quien haga sus veces.
Según el documento, “la ANT solicitará estas inscripciones sobre los predios que declare de utilidad pública o en aquellos en los que tenga promesa de compraventa y el acta de entrega que la documente. La solicitud se presentará a las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o al registrador, a preferencia”.
La excandidata presidencial dijo que el decreto “lo hicieron, además, a toda velocidad. El Gobierno abrió comentarios en el portal SUCOP solo del 2 al 8 de julio y firmó el decreto el 15 de julio con ministros encargados. Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado, pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”.
Y advirtió que, cuando ese “desastre” ocurra, “vendrá el libreto de siempre. Dirán que ‘les quitaron la tierra a los campesinos’. No. Quien tendrá que responder será el Gobierno por haber expedido un decreto improvisado, contrario al Estatuto Registral y a la Constitución. La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”.
