El Ministerio Público cuestionó al Mintic no haber frenado adjudicación del contrato a la Unión Temporal Centro Poblados, conociendo que no tenían posibilidad de adquirir garantías bancarias.
En el desarrollo de la audiencia preliminar de medida de aseguramiento dentro del caso por el contrato entre la UT Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Miguel Antonio Carvajal, delegado de la Procuraduría General de la Nación, pidió al juez de control de garantías, cobijar con medida de aseguramiento en centro de reclusión a las tres personas procesadas (Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan José Laverde).
Fue así como el representante del Ministerio Público aprovechó al tiempo para reprochar al Ministerio de las TIC, toda vez que no certificó la validez de las garantías presentadas por Centros Poblados, las mismas que terminaron siendo falsas.
Asimismo, Miguel Carvajal, procurador delegado, resaltó que el Mintic no fue precavido a la hora de continuar con el proceso de adjudicación del contrato, pues era evidente la imposibilidad de que Centros Poblados adquiriera garantías bancarias por el mismo valor del contrato.
Sumado a todo lo anterior, el funcionario del Ministerio Público coincidió en afirmar lo dicho por la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que sí hubo presiones y amenazas de parte del empresario Emilio Tapia contra los representantes legales de las empresas que integran la Unión Temporal Centros Poblados, quienes debieron presentar una versión que lo beneficiara a él.
