Hace un poco más de un mes Edwin Ballesteros, representante a la Cámara del Centro Democrático renunció a su curul debido a una investigación que se adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra, cuando era Gobernador del Santander Richard Aguilar, donde trabajó de la mano al titular y se habrían dado presuntos hechos de corrupción.
Pese a lo anterior, la curul no ha sido reemplazada en la medida que aún persisten dudas jurídicas, donde por tratarse de posibles delitos contra la administración pública, daría pie para la aplicación de la figura de la ‘silla vacía’.
Frente a esta situación, la Cámara ha solicita a la Fiscalía General de la Nación un concepto donde se pueda llegar a establecer la condición judicial de Edwin Ballesteros, de esta manera determinar si dicho escaño puede ser ocupado o no, sin embargo, no se ha manifestado la Fiscalía, permaneciendo la curul vacante y en riesgo de perderse.
Así las cosas, continúa este escaño seguirá en el limbo, como también la posibilidad de que el Centro Democrático complete el número de congresistas con Liliana de Cote en esa corporación, en el entendido que es la siguiente en la lista de candidatos de esa colectividad y quien se había quedado por fuera con una diferencia de aproximadamente cien votos.
Esta situación es distinta en el Senado de la República tras la renuncia de Richard Aguilar, quien también está siendo indagado por presuntas irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gobernador de Santander y quien sí fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia.
La curul que es cuota del partido Cambio Radical, no ha podido ser reemplazado con Juliana Escalante, quien es la que sigue en la lista de ese partido político porque aún no ha llegado una notificación oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia en la que se detallen las fechas de la presunta comisión de las faltas, para establecer si cabe la aplicación de la silla vacía.
Sin embargo, en el Congreso prevén que en este caso sí opere dicha figura teniendo en cuenta que el artículo 134 de la Constitución establece que la misma se da desde el momento de la captura de algún funcionario por presuntos hechos de corrupción.
