Las revelaciones sobre el caso de Juliana Guerrero siguen generando nuevas reacciones dentro del escenario político nacional. Esta vez, la directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, afirmó que desde tiempo atrás había alertado al Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre las presuntas actuaciones de Guerrero y de otras personas que, según sus denuncias, ejercían influencia en diferentes entidades del Estado.
En una entrevista concedida a Noticias RCN, la funcionaria aseguró que fue la única integrante del Gobierno que puso en conocimiento de altos funcionarios las supuestas irregularidades. Según manifestó, sus advertencias no solo apuntaban a Juliana Guerrero, sino a una estructura que, a su juicio, buscaba incidir en nombramientos, contratación pública y decisiones administrativas.
Rodríguez sostuvo que Juliana Guerrero, pese a no ocupar un cargo público, ejercía presiones en varias entidades estatales para promover nombramientos, remover funcionarios y, presuntamente, solicitar dinero a cambio de facilitar el acceso a contratos.
“Yo le había advertido al interior del Gobierno. Fui la única funcionaria pública que lo denunció. Ella pidió mi cabeza, al igual que otras mujeres, porque eso es una red. Sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos y quitar y poner gente como ama y señora. Yo me opuse a esas actuaciones y también a su nombramiento como viceministra de Juventudes”, afirmó Rodríguez durante la entrevista.
Sus declaraciones se producen en medio del escándalo originado por una investigación periodística que vincula a Juliana Guerrero y a su hermana, Verónica Guerrero, con una presunta red que habría solicitado dinero a empresarios bajo la promesa de gestionar contratos con entidades del Gobierno nacional.
También señaló a Gabriela Muñoz
Durante la misma entrevista, Angie Rodríguez amplió sus denuncias y mencionó a Gabriela Muñoz como otra persona que, según aseguró, habría ejercido una influencia indebida dentro de la Aeronáutica Civil.
De acuerdo con la funcionaria, Muñoz tendría un comportamiento similar al que atribuye a Juliana Guerrero. Incluso afirmó que ambas operarían bajo un mismo esquema para intervenir en decisiones administrativas.
“No solamente es Juliana Guerrero. También una señora que se llama Gabriela Muñoz, quien manejó a su antojo la Aeronáutica Civil”, expresó Rodríguez.
Al ser consultada sobre cuál era el papel de Muñoz dentro de esa entidad, respondió de manera breve: “Es el mismo modus operandi”.
Las declaraciones coinciden con versiones conocidas por distintos medios de comunicación, según las cuales Gabriela Muñoz habría tenido una influencia superior a la correspondiente a su cargo como auxiliar administrativa, participando presuntamente en reuniones estratégicas y procesos de nombramiento dentro de la Aerocivil.
Asegura que pidió al presidente Petro retirar a Guerrero
Rodríguez también reveló que solicitó directamente al presidente Gustavo Petro retirar a Juliana Guerrero de la representación que ejerce ante la Universidad Popular del Cesar.
Según explicó, consideró improcedente que continuara ocupando esa designación debido a los cuestionamientos que ya existían en su contra.
“Le dije al presidente que había que cambiarla. Es impresentable que una persona con todo ese prontuario siga siendo la delegada de la Universidad Popular del Cesar”, afirmó.
Sin embargo, aseguró que el mandatario nunca firmó el decreto para efectuar el relevo y manifestó desconocer las razones por las cuales esa decisión no se concretó.
Pide que la Fiscalía escuche sus denuncias
Al finalizar la entrevista, Angie Rodríguez hizo un llamado a los organismos de control para que reciban formalmente su versión de los hechos.
La funcionaria manifestó estar dispuesta a ampliar la información ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, con el propósito de aportar elementos que, según dijo, podrían contribuir al esclarecimiento del caso.
Además, solicitó una reunión con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien posteriormente respondió a través de su cuenta en la red social X.
El mandatario electo pidió al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, garantizar la seguridad de Angie Rodríguez, al tiempo que solicitó a la Fiscalía escuchar cuanto antes las denuncias presentadas por la funcionaria.
Jennifer Pedraza pide incorporar las nuevas pruebas
Las declaraciones de Angie Rodríguez también provocaron la reacción de la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, quien pidió que las nuevas evidencias reveladas por la revista Semana sean incorporadas a los procesos judiciales en curso.
La congresista sostuvo que Juliana Guerrero comenzó a consolidar influencia dentro del Gobierno tras su llegada al Ministerio del Interior, donde trabajó bajo la dirección de Armando Benedetti, y que posteriormente habría extendido esa participación a otras entidades, incluido el Ministerio de la Igualdad.
Asimismo, recordó que para el próximo 5 de agosto está programada la audiencia de acusación contra Guerrero por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público.
Petro vuelve a respaldar a Juliana Guerrero
Mientras continúan las denuncias y los pronunciamientos políticos, el presidente Gustavo Petro volvió a salir en defensa de Juliana Guerrero y de su hermana.
A través de varios mensajes publicados en la red social X, el mandatario insistió en que, si algunos empresarios entregaron dinero con la expectativa de obtener contratos o influir en decisiones del Gobierno, fueron víctimas de una estafa, ya que, según afirmó, ni él ni sus ministros actuaban bajo presiones de particulares.
Petro aseguró además que su administración impidió que cualquier intento de corrupción prosperara y reiteró que Juliana Guerrero y Verónica Guerrero deberían acudir ante las autoridades para denunciar a quienes, según su versión, intentaron corromperlas.
El caso continúa avanzando tanto en el ámbito judicial como en el político, mientras las autoridades evalúan las denuncias, las pruebas conocidas públicamente y los testimonios que han surgido en medio de una de las controversias más sensibles para el Gobierno saliente.
