Por Eduardo Verano de la Rosa
La historia de Colombia ha estado marcada por una tensión constante entre el centralismo asfixiante y el clamor legítimo de sus regiones.
Durante décadas, los territorios han tenido que “administrar escasez”, asumiendo crecientes responsabilidades sociales, ambientales y económicas, pero sin las herramientas financieras ni la independencia para esculpir su propio destino.
Hoy, sin embargo, el país se encuentra ante una oportunidad histórica e inaplazable para saldar esta deuda y reconfigurar su estructura de poder a través de la autonomía territorial.
Avanzar hacia la autonomía regional no es un mero capricho administrativo ni una disputa por fragmentar el poder del Estado. ¡No! Por el contrario, se trata de una señal de madurez política y de un acto de justicia social con periferias como el Caribe colombiano, que a pesar de albergar al 22 % de la población del país, apenas aporta el 14 % del PIB debido a una pobreza estructural perpetuada por la centralización económica.
La verdadera descentralización implica otorgarle a los territorios la total potestad para planificar, ejecutar y decidir sobre su futuro, reconociendo que las soluciones a las problemáticas locales se diseñan mejor desde el territorio que desde la distancia de un escritorio capitalino.
Para que este sueño de autodeterminación no se quede en un simple “saludo a la bandera”, el eje fundamental de la transformación estatal debe ser la expedición de una robusta e integral Ley de Competencias del Sistema General de Participaciones (SGP).
Una autonomía sin recursos estables es una ilusión vacía. Es por ello que el debate actual en el Congreso de la República y las audiencias públicas que se realizan en el país representan un paso crucial: se necesita resguardar la transferencia progresiva de recursos hacia las regiones —con la meta de alcanzar un anhelado 49 %—, pero atada estrictamente a una clara delimitación de funciones.
Eso es lo que entraña la Ley de Competencias, es el corazón de esta reforma, el engranaje que debe permitir la redistribución de la riqueza de manera equitativa y con autonomía real.
Su propósito central —el de la Ley de Competencias— sería el fortalecimiento armónico de todos los niveles del Estado: los municipios como la base esencial de la gestión local, los departamentos como articuladores, y las Regiones como Entidades Territoriales (RET) con capacidad de asumir proyectos de gran escala y de impacto supradepartamental en infraestructura, conectividad y transición energética.
El espíritu que debe guiar este proceso es profundamente optimista. No estamos redistribuyendo escasez, sino ampliando las capacidades territoriales de toda una nación.
Los territorios no piden limosnas; exigen las herramientas que la Constitución de 1991 ya les otorgó y que el centralismo ha dilatado. El Caribe y todas las regiones de Colombia están listos para asumir este desafío con madurez y rigor, mostrando que un país más fuerte, más justo y equitativo solo se construye con más región, más confianza en las capacidades locales y con una descentralización moderna que acerque el Estado a sus ciudadanos.
La hora de las regiones ha llegado, el pase gol lo tiene el Congreso de la República que debe ponerle estructura a la aplicación de la Ley de Competencias que regulará el incremento de las transferencias para las regiones y definir responsabilidades entre los territorios.
