La Secretaría de Salud departamental ha ordenado 170 cierres, preventivos y definitivos, a prestadores irregulares entre 2024 y 2025.
En lo corrido de 2024 y 2025, la Gobernación del Atlántico ha ejecutado 552 inspecciones de vigilancia y control a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y profesionales independientes, lo que ha derivado en 71 cierres definitivos y más de 100 cierres preventivos en todo el departamento.
Las acciones, lideradas por la Secretaría de Salud Departamental, buscan garantizar que la atención a los usuarios sea segura y de calidad, y que los prestadores cumplan con las condiciones de habilitación exigidas por la ley.
Además de las sanciones, la entidad ha presentado 41 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y los entes de control, tras detectar prestadores inexistentes que operaban con registros irregulares.
La subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud, Rosmery Wehedeking, explicó que estas medidas se realizan en cumplimiento del Decreto 780 de 2016 y la Resolución 3100 de 2019, normas que fijan los estándares mínimos de calidad en la prestación de servicios. “El objetivo es proteger la vida y la salud de la comunidad. Cuando un establecimiento no cumple con las condiciones, representa un riesgo que debe ser suspendido de inmediato”, enfatizó Wehedeking.
OPERATIVO EN SOLEDAD
En uno de los operativos más recientes, la Comisión Técnica Departamental inspeccionó 13 IPS en el municipio de Soledad, en compañía de la Alcaldía y la Policía Nacional. Todas fueron selladas con medida preventiva, y se impusieron 28 sanciones adicionales a prestadores que incumplían los requisitos sanitarios, técnicos y legales.
En lo que va de 2025, la Gobernación ha desarrollado más de 50 operativos de inspección, vigilancia y control en municipios priorizados como Soledad, Baranoa, Santo Tomás y Sabanalarga, donde se han identificado numerosos casos de atención irregular.
Durante las verificaciones, los equipos técnicos hallaron establecimientos que no estaban registrados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).
“Algunos de los supuestos profesionales no tienen formación médica ni técnica. Esto constituye un riesgo grave para los usuarios”, advirtió Ángela Torres, coordinadora del operativo en Soledad.
El médico habilitador Néstor Peña señaló que la Secretaría de Salud departamental brinda asistencia técnica a los prestadores y municipios que lo soliciten, orientándolos sobre los pasos para cumplir la norma y registrarse en el REPS.
“El registro como prestador es como la cédula de ciudadanía: sin él, no se puede ejercer legalmente”, explicó Peña.
Asimismo, recordó que la Gobernación del Atlántico es la única autoridad competente para otorgar los permisos de funcionamiento, una vez verificado el cumplimiento de todos los estándares exigidos.
MECANISMO DE CONTROL Y SANCIÓN
El proceso de inspección incluye medidas preventivas, cierres temporales y cierres definitivos por no existencia. En estos últimos casos, cuando un prestador figura en el registro, pero no opera físicamente, se le notifica y otorgan 24 horas para comparecer. Si no lo hace, se elimina su registro del sistema.
La Secretaría de Salud reitera su llamado a todos los prestadores irregulares a regularizar su situación, accediendo al acompañamiento técnico gratuito disponible en la entidad.
REQUISITOS DE HABILITACIÓN
La Resolución 3100 de 2019 establece siete estándares obligatorios para la habilitación: talento humano, infraestructura, dotación y mantenimiento, medicamentos e insumos, procesos prioritarios, historia clínica e interdependencia.
El proceso inicia con el diligenciamiento del Formulario de Inscripción disponible en la página web de la Gobernación, seguido de la declaración de autoevaluación de las condiciones de habilitación generada por el REPS.
El incumplimiento de estos criterios pone en riesgo la vida de los pacientes y puede acarrear sanciones inmediatas. En el caso de los profesionales independientes, la verificación se enfoca en la idoneidad técnica y la formación acreditada; mientras que las IPS deben demostrar su solidez legal, operativa y financiera.
