Desde el año 2022, los juegos de suerte y azar que operan en la ilegalidad en el departamento del Atlántico han dejado de pagar cerca de $120.000 millones por derechos de explotación, recursos que, en lugar de ser transferidos a la salud, han sido utilizados para financiar estructuras criminales.
Por ese motivo, en la ciudad de Barranquilla se llevó a cabo el primer comité interinstitucional de lucha contra el juego ilegal, por medio del cual las autoridades acordaron la realización de acciones conjuntas que permitan combatir las estructuras que se dedican a las apuestas ilegales en el Departamento.
“Durante el encuentro, hicimos una revisión de la venta de juegos de suerte y azar. La concesión de chance del Atlántico es una de las más grandes del país, motivo por el cual genera importantes ventas de juegos territoriales. Por eso, es fundamental que trabajemos para proteger los recursos que provienen del sector”, dijo el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié.
Así las cosas, se estima que los juegos ilegales generaron recursos cercanos a los $47.607 millones en 2022 y $51.140 millones en 2023. Además, en lo que va corrido del 2024, las apuestas ilegales han dejado de pagar cerca de $17.224 millones por derechos de explotación.
“Este comité fue creado en el año 2017, y hoy lo estamos reactivando con el propósito de fortalecer la lucha contra el juego ilegal. Anualmente, se están perdiendo en el Atlántico cerca de $51.000 millones producto del juego ilegal, lo cual genera un detrimento al sistema de salud”, explicó Armando de la Hoz, asesor de la Gobernación del Atlántico.
Y añadió: “Por tal razón, a través de este comité buscamos integrarnos con las demás instituciones, con el fin de judicializar a quienes ejerzan esta actividad ilícita, y para evitar que este dinero sea utilizado en la financiación de estructuras delictivas”.
De tal forma, dicho comité está integrado por Coljuegos, la Gobernación del Atlántico, la Empresa Departamental de Juegos de Suerte y Azar (Edusuerte), Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el concesionario Red de Servicios de Occidente.
“No permitiremos que los ilegales se roben los recursos que deberían ser destinados para la atención en salud de los colombianos más necesitados. Continuaremos aunando esfuerzos con todas las entidades interesadas en combatir el flagelo de la ilegalidad”, concluyó Hincapié.
