El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla aceptó una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Gersel Pérez y comunidades étnicas del Atlántico contra el cobro de valorización en las vías Barranquilla-Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad.
Las entidades accionadas, entre ellas el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, la Dirección de Asuntos Étnicos, Invías y la ANI, deberán presentar en dos días un informe detallado sobre los hechos expuestos en la tutela y entregar la documentación que los sustente. El juez tendrá un plazo de diez días para emitir un fallo.
La acción legal argumenta que las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales y rom en las áreas de influencia no fueron consultadas previamente, lo que vulnera su derecho fundamental establecido en la Ley 21 de 1991.
Asimismo, se solicitó la suspensión de las resoluciones 1729 de 2023, 2615 de 2024 y 3856 de 2024, relacionadas con el cobro de valorización, hasta que se realicen las consultas previas necesarias con las comunidades afectadas.
“Esta tutela es un paso importante en la defensa de los derechos fundamentales de nuestras comunidades étnicas. La falta de consulta previa no solo es una violación legal, sino que también afecta la participación activa y la autodeterminación de nuestros territorios”, destacó Gersel Pérez.
El caso marca un hito en la reivindicación de los derechos colectivos de las comunidades étnicas frente a decisiones gubernamentales que afectan directamente sus territorios.
