La Secretaría de Salud Departamental del Atlántico ha impuesto sanciones a 57 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) durante el año 2024, debido a incumplimientos en las normas establecidas por la Resolución 3100 de 2019. Las sanciones, que incluyen cierres temporales o definitivos, buscan asegurar que las IPS mantengan los estándares de calidad y seguridad en la prestación de servicios de salud.
La subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud, Rosmery Wehedeking, informó que se han realizado 180 visitas exhaustivas a IPS en los municipios de Soledad, Sabanalarga y Juan de Acosta. Durante estas visitas, se identificaron diversas irregularidades en la prestación de los servicios de salud.
Wehedeking explicó que la Secretaría de Salud del Atlántico lleva a cabo un proceso continuo de inspección, vigilancia y control para garantizar que las IPS cumplan con los requisitos de habilitación. “Nuestro trabajo se enfoca en asegurar que la prestación de servicios de salud en el departamento sea de la más alta calidad y que las IPS operen dentro del marco legal establecido. Hasta la fecha, hemos intervenido a 57 prestadores de servicios de salud, tanto instituciones como profesionales independientes, por proveer atención en salud de manera irregular o sin estar debidamente inscritos en el registro especial de prestadores”, señaló.
Las medidas sancionatorias impuestas pueden variar desde el cierre temporal hasta el cierre definitivo, dependiendo de la gravedad de las faltas detectadas. Entre las principales infracciones se encuentran la prestación de servicios sin habilitación, la falta de inscripción en el registro oficial y la oferta de servicios no acordes con la infraestructura disponible.
Estos operativos de control tienen como objetivo garantizar que los usuarios del sistema de salud en el Atlántico reciban atención segura y de calidad. Wehedeking destacó que la Secretaría continuará realizando inspecciones en todo el departamento para asegurar que las IPS cumplan con los requisitos establecidos y brinden servicios que respondan a las necesidades de la comunidad.
La Secretaría de Salud Departamental refuerza así su compromiso con la vigilancia estricta de los prestadores de servicios de salud, garantizando que solo aquellos que cumplan con las condiciones de habilitación continúen operando. “La intención es garantizar la prestación de servicios de salud a nuestros usuarios, que esta prestación sea real, que los prestadores que estén habilitados verdaderamente existan y que la oferta de servicio sea acorde con la infraestructura disponible”, agregó Wehedeking.
La Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social establece un marco regulatorio para la habilitación de servicios de salud, su verificación y control. La Secretaría de Salud desempeña un papel fundamental en la vigilancia de la calidad de la atención que recibe la población. El proceso de habilitación es obligatorio para cualquier entidad o profesional independiente que desee operar legalmente en el sector salud, abarcando desde hospitales y clínicas hasta consultorios privados y laboratorios.
La Secretaría realiza verificaciones periódicas del cumplimiento de los servicios habilitados, que incluyen inspecciones en terreno, auditorías y revisiones documentales. En casos de incumplimiento, la Secretaría está facultada para imponer sanciones, que pueden ir desde amonestaciones y multas hasta la suspensión temporal o definitiva de la habilitación del prestador.
Estas acciones buscan garantizar que los ciudadanos reciban atención en salud de alta calidad, en condiciones seguras, y con el respaldo de un sistema sólido y bien supervisado, como parte del compromiso con la protección de la salud en el Atlántico.
