Con la decisión de segunda instancia se revive el decreto que expidió el presidente Iván Duque, con el cual alcaldes y gobernadores pueden solicitar apoyo militar en momentos en que la protesta social altere el orden público.
El Consejo de Estado estudió una petición de la Agencia Jurídica del Estado que insistió en la permanencia del decreto bajo el argumento de que esta no amenaza ni vulnera los derechos fundamentales de los manifestantes.
En este sentido, el Consejo de Estado indicó que “no se observa conducta concreta de la cual se pueda inferir la afectación de los derechos fundamentales deprecados”.
El decreto había sido suspendido en medio del estudio de una tutela que presentaron varios ciudadanos de Cali, quienes consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares en las protestas ciudadanas estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social.
En su debido momento, la Sección Cuarta sostuvo que la protesta social en sí no pone en riesgo la soberanía nacional, por lo cual no era necesaria la asistencia militar.
“Si bien en estos casos pueden presentarse hechos de violencia y que, para restablecer el orden, la Policía puede realizar, por ejemplo, detenciones preventivas, en los términos previstos en la ley”, se lee en el fallo del Consejo de Estado.
