La disputa jurídica por el manejo de los recursos pensionales en Colombia suma un nuevo capítulo. Asofondos, el gremio que representa a las administradoras de fondos privados, ha solicitado formalmente al Consejo de Estado que amplíe la medida cautelar que, días atrás, suspendió provisionalmente el Decreto 415. La petición busca frenar el traslado de un bloque adicional de $5 billones hacia Colpensiones.
La ampliación de la medida cautelar
El conflicto se centra en el traslado masivo de recursos de 120.000 cotizantes que optaron por migrar al régimen de prima media tras la ventana abierta por la Ley 2381 de 2024.
La situación actual se divide de la siguiente manera:
Lo que ya está suspendido: Los $20 billones correspondientes a personas que aún no han cumplido los requisitos para jubilarse.
Lo que Asofondos pide proteger: Los $5 billones restantes, que pertenecen a individuos que sí cumplen con los requisitos para pensionarse.
Para el gremio, estos recursos también deben permanecer en los fondos privados, argumentando que el traslado desvirtúa la naturaleza de los ahorros a largo plazo y pone en riesgo la estabilidad financiera de los futuros pensionados.
El conflicto: ¿Reglamentación o extralimitación?
El núcleo del debate jurídico es la supuesta colisión entre el Decreto 415 y la Ley 2381. Según el Consejo de Estado, la ley vigente establece que el dinero debe permanecer en los fondos privados hasta que se consolide el derecho a la pensión. Sin embargo, el decreto presidencial intentó acelerar este proceso mediante plazos perentorios (50% en 20 días y el 50% restante en 10 días).
La corporación judicial ha sido enfática en su pronunciamiento provisional: el Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las leyes, pero no posee la autoridad para modificar su contenido o suplantar la voluntad del Congreso.
Argumentos de las partes
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha reiterado que esta lucha no responde a intereses financieros del gremio. “Los fondos de pensión no ganamos plata reteniendo estos ahorros; no cobramos comisión sobre los saldos. No damos la pelea porque nos convenga financieramente, sino para proteger las pensiones”, afirmó, enfatizando que estos recursos deben buscar rentabilidad, no cubrir pagos de corto plazo bajo la Ley 100.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha manifestado su rotunda oposición. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión judicial como una “victoria para los ricos”. El funcionario expresó su preocupación por el impacto de esta medida en los ciudadanos que buscan acceder a sus mesadas y cuestionó el destino de los fondos si permanecen en manos privadas, sugiriendo dudas sobre su uso en inversiones de largo plazo.
El futuro del decreto
Mientras el Consejo de Estado evalúa si complementa la medida cautelar, el panorama para el Gobierno se complica. La decisión de la Sección Segunda no solo frena el flujo de efectivo hacia las arcas de Colpensiones, sino que deja en evidencia una fractura profunda entre la visión del Ejecutivo y la interpretación legal del legislativo y la justicia sobre cómo deben administrarse los ahorros pensionales de los colombianos.
