La tensión entre el Gobierno nacional y la Rama Judicial volvió a escalar este martes luego de que el Consejo de Estado emitiera un fuerte pronunciamiento institucional en respuesta a las críticas del presidente Gustavo Petro contra el magistrado que suspendió el traslado de recursos de fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.
En un comunicado divulgado este 12 de mayo, el alto tribunal cuestionó el tono utilizado por el mandatario en sus publicaciones y advirtió sobre las consecuencias que, según la corporación, pueden tener este tipo de mensajes sobre la confianza en las instituciones y la independencia judicial.
“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido”, expresó el Consejo de Estado, que aseguró responder desde una postura institucional y en defensa de la Constitución y la separación de poderes.
La corporación sostuvo que las declaraciones realizadas desde el Ejecutivo generan preocupación debido a la “desinformación y descontextualización” alrededor de las decisiones judiciales, situación que —afirma— termina debilitando el Estado de Derecho y exponiendo a jueces y magistrados a señalamientos públicos.
El tribunal también señaló que la libertad de expresión no puede convertirse en un mecanismo para desacreditar decisiones judiciales ni para poner en riesgo a quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
“Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar”, indicó el documento, en el que además se defendió el papel de los controles judiciales sobre las actuaciones del poder ejecutivo.
La respuesta del Consejo de Estado se produce luego de la decisión que suspendió provisionalmente la totalidad del decreto del Gobierno que ordenaba el traslado de recursos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, medida que había sido impulsada como parte de la implementación de la reforma pensional.
Tras conocerse la decisión, el presidente Petro cuestionó públicamente al magistrado encargado del fallo y lanzó críticas contra sectores de la Rama Judicial, generando reacciones desde distintos sectores políticos y jurídicos del país.
En el comunicado, el alto tribunal recordó que sus funciones y competencias tienen respaldo directo en la Constitución Política y enfatizó que el control judicial sobre los actos del Gobierno “no es un obstáculo para la democracia, sino una de sus principales garantías”.
El episodio profundiza las tensiones entre el Ejecutivo y las altas cortes en medio de los debates alrededor de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el equilibrio de poderes y la autonomía judicial en Colombia.
