La Contraloría General de la República dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal, por un total de 2.9 billones de pesos, que profirió en abril pasado la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción contra 5 ex funcionarios de Reficar (dos presidentes y 3 vicepresidentes), 7 miembros de su junta directiva (incluyendo el presidente de Ecopetrol para la época de los hechos) y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería.
El fallo fue confirmado en segunda instancia por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto del 26 de abril de 2021 por medio del cual se profirió fallo con responsabilidad fiscal.
La sala confirmó en todas sus partes el Auto 949 del 03 de junio de 2021, por medio del cual se decidieron los recursos de reposición contra el fallo de responsabilidad fiscal y se concedió el recurso de apelación.
Consideró que no se desestimaron las pruebas y los argumentos en los que se fundamentó el fallo, pues de los medios de prueba recaudados se concluye que existe la certeza del daño al patrimonio público, así como el nexo de causalidad entre el comportamiento de los declarados responsables fiscales y el daño ocasionado al erario.
Como consecuencia, la sala determinó procedente la declaración de responsabilidad fiscal, en los casos indicados en el fallo de primera instancia, por el daño producido a los intereses patrimoniales del Estado derivado de las decisiones sobre el manejo de los recursos públicos que conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones en el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Cartagena, al aprobarse las adiciones de recursos CAPEX en exceso sobre los niveles acordes con la remuneración del capital aportado al proyecto a su costo de oportunidad en los controles de cambio 2 y 3.
También se confirmó la declaratoria como terceros civilmente responsables de: la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA, CHUBB DE COLOMBIA Compañía de Seguros S.A. y AXA Colpatria Seguros S.A.
Además, se confirmaron todas las declaratorias sin responsabilidad fiscal del fallo de primera instancia.
Mayores inversiones que no agregaron valor al proyecto
El fallo con responsabilidad fiscal se da por el control de cambio 2 en cuantía indexada de más de $1.3 billones, y por un monto indexado de más de $1.6 billones por el control de cambio 3.
Según la Contraloría en la modernización de la Refinería de Cartagena se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de 997 millones de dólares, o sea unos 2.9 billones de pesos, el monto en que cuantificó finalmente el daño fiscal ocasionado.
Se dieron gastos que no tuvieron relación con el proyecto, hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva, el contratista y el supervisor del proyecto.
A responder fiscalmente
Al quedar en firme este fallo deberán responder fiscalmente 5 exfuncionarios de Reficar, 7 miembros de su junta directiva y 4 contratistas:
Los exfuncionarios de la empresa Reficar confirmados como declarados responsables fiscal son: los presidentes REYES REINOSO YANES y ORLANDO JOSÉ CABRALES MARTÍNEZ y los Vicepresidentes CARLOS EDUARDO BUSTILLO LACAYO, ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI y MAGDA NANCY MANOSALVA CELY.
Los miembros de la junta directiva confirmados como declarados responsables fiscales son: JAVIER GENARO GUTIÉRREZ PEMBERTHY, PEDRO ALFONSO ROSALES NAVARRO, DIANA CONSTANZA CALIXTO HERNÁNDEZ, HENRY MEDINA GONZÁLEZ, HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO, NATALIA GUTIÉRREZ JARAMILLO y URIEL SALAZAR DUQUE.
Y los contratistas confirmados como declarados responsables fiscales son: CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY CB&I UK Limited,CBI Colombiana S.A. (en liquidación), FOSTER WHEELER USA CORPORATION y PROCESS CONSULTANTS INC.
Quedando en firme la decisión tomada por la segunda instancia se procederá a enviar el expediente al Consejo de Estado para que ejerza el control automático e integral de legalidad previsto en el artículo 23 de la Ley 2080 de enero 25 de 2021.
