La Contraloría General de la República emitió dos alertas de control interno que prenden las alarmas sobre posibles fallas en la financiación, gestión y logística necesarias para implementar el nuevo modelo de pasaportes en el país. Según el ente de control, las irregularidades podrían poner en riesgo la continuidad del servicio de expedición de documentos de viaje.
La primera advertencia señala deficiencias en el proceso de financiación por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (FRMRE), entidad encargada de contratar el nuevo modelo. De acuerdo con la Contraloría, el Fondo no realizó los trámites necesarios para garantizar la prestación del servicio ni las vigencias futuras para asegurar su continuidad. Además, la Imprenta Nacional habría asumido compromisos presupuestales ajenos a su misión, por un valor de 1,3 billones de pesos.
Estas falencias, advierte el organismo, comprometen la viabilidad financiera del nuevo modelo y podrían afectar la emisión de pasaportes en el país.
La segunda alerta se refiere a riesgos en el transporte, importación y nacionalización de la maquinaria requerida para implementar el nuevo sistema de producción y personalización de libretas de pasaporte, documentos de viaje y etiquetas de visa. La Contraloría encontró que persisten vacíos críticos, entre ellos:
- La falta de definición de la entidad que actuará como importador de las máquinas y responsable del pago de impuestos y trámites aduaneros.
- La ausencia de un acto jurídico que permita al FRMRE pagar bienes que serían propiedad de la Imprenta Nacional.
- La falta de estimación del valor de las máquinas y tributos derivados, necesaria para registrar recursos presupuestales.
El ente de control advirtió que, si estas gestiones no se completan antes de los plazos establecidos —particularmente antes del 8 de diciembre de 2025, fecha prevista para iniciar el transporte internacional de la maquinaria—, se podría incumplir el Convenio de Cooperación Internacional N.º 010 de 2025. El retraso podría activar la Garantía de Primer Requerimiento por 6.375.000 euros contra la Imprenta Nacional.
La Contraloría pidió corregir de manera urgente las falencias detectadas y aseguró que continuará haciendo seguimiento preventivo para evitar afectaciones sociales y contractuales derivadas del posible incumplimiento.
