La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acaba de dictar medida de aseguramiento y de ordenar la captura de José Leonidas Bustos, expresidente de ese alto tribunal, por el denominado cartel de la toga.
El exmagistrado de esa misma corte es investigado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias.
La orden se da dentro del proceso que cursa en su contra como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público, relacionado con su presunta participación en el ‘Cartel de la Toga’.
La Corte advierte que Bustos habría recibido múltiples dádivas para intervenir favorablemente en procesos que cursaban contra los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
“Aunque el acusado no fue ponente en los casos de estos dos Senadores, existen elementos probatorios que permiten inferir razonablemente su participación en la empresa criminal dado el liderazgo que, según Moreno Rivera, ejercía en el seno de la Sala de Casación Penal”, dice un documento de la Corte.
La investigación señala que Bustos habría recibido alrededor de 200 millones de pesos de manos del exfiscal Luis Gustavo Moreno, para beneficiar al senador Álvaro Ashton, quien era investigado por la Corte Suprema por su supuesta relación con el Bloque Norte de las AUC en el departamento de Atlántico.
“Se le entregaron 200 millones de pesos en su apartamento y también un reloj de marca Cartier Ballon Bleu avaluado aproximadamente entre 40 y 50 millones de pesos. Todo esto constatado con un acervo probatorio y con las afirmaciones de diferentes testigos. Además, existen cámaras que demuestran que se le entregó el reloj y esa plata”, aseguró el investigador.
Según el expediente, Bustos también habría adquirido vehículos Dodge, Journey y BMW 523i, por sus gestiones con Moreno.
La Corte advierte que “existen serios y graves motivos que hacen pensar fundadamente en la probabilidad de que el acusado Bustos Martínez pueda interferir en el eficaz y cabal desarrollo de la actuación y de este modo obstruir la práctica probatoria y la justicia”.
Como expresidente de la Corte “tuvo la posibilidad discernir en el nombramiento o postulación de altos funcionarios como Magistrados de Tribunales, Fiscal General de la Nación, Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y de la Corte Constitucional y otros servidores, todos con ascendencia en la Rama Judicial, hasta el punto de ostentar un inmenso poder y reconocimiento que actualmente podría utilizar para injerir a su favor en el proceso u obstaculizar su normal desarrollo o la labor de los intervinientes en la actuación o interferir en la práctica probatoria“.
La orden de captura contra Bustos también se basa en una decisión de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que acusó a Bustos, y a informes del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez que, en el marco de la cooperación judicial con autoridades de Estados Unidos, “recibió evidencia recolectada dentro de la investigación federal 17-20516 de la que al parecer se infiere la posible comisión de actos de corrupción por parte del exmagistrado”.
